Argentina no pagará lo que reclaman los “buitres” pero abre la puerta al canje

Nueva York, 27 feb (EFE).- Argentina reiteró hoy que no pagará el monto total de la deuda en manos de quienes califica como «fondos buitres», aunque abrió la puerta a ofrecerles un nuevo canje para cerrar la larga batalla judicial que afronta en Nueva York desde su suspensión de pagos en 2001.

«Estoy intentando persuadir a la corte para que acepte algo que es razonable y que no crea una confrontación terrible», afirmó el abogado que representa al país, Jonathan Blackman, durante una audiencia clave para el proceso en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito federal de EE.UU.

Con la presencia en la abarrotada sala de la corte del vicepresidente argentino, Amado Boudou, y del ministro de Economía del país, Hernán Lorenzino, el letrado insistió en que Argentina no piensa pagar el 100 % de la deuda en manos de los bonistas que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.

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«No obedeceríamos voluntariamente una orden de ese tipo», dijo tajante Blackman al ser preguntado sobre qué haría Argentina en caso de que el Tribunal de Apelaciones ratifique el fallo del juez federal Thomas Griesa, que obliga al país a pagar los 1.330 millones de dólares que reclaman los demandantes.

Éstos están liderados por el fondo NML (propiedad de Elliot Management, del millonario Paul Singer), que logró el embargo temporal de la fragata «Libertad» de la Armada argentina en Ghana, aunque entre los querellantes también se encuentran pensionistas de varias nacionalidades, incluida Argentina.

El abogado del país suramericano ofreció que estos acreedores sean pagados en las mismas proporciones que quienes sí aceptaron los canjes de deuda anteriores, más de un 90 % del total y que accedieron a unas quitas superiores al 70 % sobre los montos originales.

Para ello, el país tendría que cambiar la llamada «ley cerrojo» de 2005, que impedía ofrecer una nueva reestructuración.

«Si acordamos con ustedes (el pago de) un porcentaje, ¿cómo podemos estar seguros de que se pagaría?», preguntó la jueza Rosemary Pooler (designada por el entonces presidente Bill Clinton), quien presidió la audiencia junto a Barrington Parker y Reena Raggi, ambos nombrados por George W. Bush.

Blackman respondió que sus clientes, «que son el poder ejecutivo, irían al Congreso y promoverían una legislación para conseguirlo».

Pero el abogado de NML, Theodore Olson, recordó ante ese tribunal que la presidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó en noviembre pasado que su país no pagaría «ni un dólar» a los llamados «fondos buitres», por lo que puso en duda la veracidad de la oferta de un nuevo canje.

Tampoco parecieron persuadidos los jueces. «Nos está diciendo que pese a la decisión del juez del distrito y a la posibilidad de que nosotros la ratifiquemos, (Argentina) no obedecería ninguna orden distinta a la que acaba de plantear», dijo la magistrada Reena Raggi a Blackman.

Esta corte de apelaciones ya ratificó en octubre pasado la decisión del juez Griesa, que obligaba a Argentina a pagar a los demandantes.

El magistrado estipuló que Argentina no podría pagar a los acreedores que aceptaron el canje a no ser que pagase también los 1.330 millones que reclaman los demandantes, y además determinó que los agentes de pago implicados en el proceso, en concreto Bank of New York Mellon, serían sancionados si realizaban las transacciones.

Pero el caso volvió al tribunal de apelaciones, que decidió dejar en suspenso ese fallo y fijar la audiencia de hoy para escuchar los argumentos de todas las partes implicadas.

«Nosotros estamos siendo los rehenes en este conflicto», aseguró por su parte el abogado de los acreedores que sí aceptaron los canjes de deuda, David Boies, quien aseguró que el fallo de Griesa supone privar a estos bonistas de su derecho legal de recibir estos pagos.

Según Boies, si el Tribunal de Apelaciones avala la decisión del juez tal y como está establecida, «no van a lograr que (Argentina) pague a los demandantes. Lo que va a provocar es que el país se vuelva a declarar en suspensión de pagos».

Y es que, en el caso de que la orden de Griesa sea ratificada, Bank of New York Mellon probablemente paralizaría los pagos de Argentina a los tenedores de bonos reestructurados porque sería objeto de sanciones, lo cual supondría que el país entraría en un «default» técnico.

La decisión del Tribunal de Apelaciones no se espera hasta dentro de semanas o probablemente meses y, de no ser favorable para Argentina, el país podría intentar recurrir al Tribunal Supremo de EE.UU., aunque diferentes analistas han asegurado que es muy poco probable que el caso llegue hasta la máxima corte de este país.

«Las cosas no pintan muy bien para Argentina», dijo a Efe tras esa vista la profesora de derecho en la American University Anna Gelpern, quien trabajó para el bufete de abogados que ahora representa a ese país.

«Han ofrecido una fórmula de pago, pero han dicho que si no es así no pagarán nada. Es un movimiento arriesgado», concluyó.