Bruselas, 26 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que reclamará a los Estados miembros el reembolso de un total de 414 millones de euros por fondos agrícolas gastados indebidamente, de los que 63,5 millones deben ser abonados por España, principalmente por deficiencias en el control de las restituciones por exportación.
Dentro de esa partida, en la que se incluyen ayudas europeas para la exportación de algunos productos agrarios, España deberá devolver 40,5 millones de euros, indicó la CE en un comunicado.
Bruselas atribuye en ese ámbito a España «controles previos deficientes de ganado vacuno, deficiencias en la ejecución de controles físicos, controles inadecuados de la producción y las existencias de azúcar, y notificación previa de los controles físicos a los exportadores».
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Además, España deberá reembolsar otros 16 millones de euros por deficiencias en la asignación de derechos de ayudas por superficie y otros 7 millones por otros fallos, precisó la Comisión.
En total, la CE reclamará por distintos motivos devoluciones a 22 países y reintegrará esos fondos al presupuesto comunitario.
El Ejecutivo europeo recordó que corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos que se efectúan dentro de la Política Agrícola Común (PAC).
También indicó que los fondos deben devolverse siempre que se registren incumplimientos de las disposiciones de la Unión Europea (UE) o se apliquen controles inadecuados.
El Reino Unido encabeza la lista facilitada hoy por Bruselas, pues deberá reembolsar más de 136 millones de euros por deficiencias en los sistemas de identificación de parcelas, en la tramitación de solicitudes y en los controles administrativos y sobre el terreno.
Le siguen Italia, a quien la CE reclama más de 75 millones por infracciones en materia de condicionalidad.
Los países son los responsables de gestionar el gasto de la PAC y de llevar a cabo controles, por ejemplo comprobar las declaraciones de los agricultores, explicó la CE, que realiza más de cien auditorías al año a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes.
Bruselas, 26 feb (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (UE) confirmó hoy las multas impuestas por la Comisión Europea (CE) a España en 2009 y 2010 por irregularidades en el uso de los fondos de desarrollo regional asignados a Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.
En una sentencia publicada hoy, la máxima instancia judicial comunitaria desestimó los recursos presentados por el Gobierno español contra las sanciones, que reducen en 219 millones de euros las ayudas regionales asignadas a Andalucía, en 115 millones las de la Comunidad Valenciana y en 27 millones las del País Vasco.
El tribunal confirmó así las tres decisiones del Ejecutivo comunitario, que suponen la devolución de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) inicialmente concedidas cada una de estas autonomías por infracciones cometidas entre 1994 y 1999, explicaron fuentes judiciales.
En los casos de Andalucía y Valencia, los fondos correspondían al período 1994-1999, y se integraban en el «Objetivo 1» del Feder, destinado al ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.
Por su parte, las ayudas del programa operativo «País Vasco» correspondían al período 1997-1999 y pertenecían al «Objetivo 2» o reconversión económica de las zonas industriales en declive.
Con motivo de las auditorías para el cierre de dichos programas, la Comisión seleccionó determinados proyectos a efectos de control, y apreció «numerosas irregularidades» en las muestras algunas de ellas «recurrentes», según las mismas fuentes.
Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE sobre contratación pública, como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de obras complementarias sin realizar una nueva licitación.
También se detectaron casos de adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares, así como la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE, entre otras infracciones de las normas aplicables en el ámbito de los Fondos estructurales.
Después de tratar el asunto con las autoridades españolas, la Comisión decidió reducir la ayuda del Feder concedida para los programas operativos de cada una de estas tres comunidades, extrapolando al conjunto de éstos los «errores sistemáticos» que consideraba haber detectado al examinar las muestras.
España presentó tres recursos contra dichas decisiones ante el Tribunal General.
Aunque no negó la existencia de las irregularidades en los diferentes proyectos concretos que forman parte de la muestra, las autoridades españolas argumentaron que la CE no puede realizar mediante extrapolación las correcciones financieras que la normativa prevé.
El Tribunal ha rechazado estos argumentos, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.
Así, la corte de Luxemburgo considera que la reducción de la ayuda financiera de la Unión puede llevarse a cabo después de la extrapolación de los errores apreciados al programa operativo en su totalidad, y ha decidido desestimar los tres recursos presentados por España.
Valencia, 26 feb (EFE).- La Comunidad Valenciana no tendrá que pagar «nada» de los 115 millones de euros en fondos comunitarios que según la Justicia europea adolecían de «irregularidades» pues ese importe ya fue compensado por la UE dentro de los programas operativos 2000-2006.
Así lo han asegurado a EFE fuentes de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública tras conocerse hoy que el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado las multas impuestas por la Comisión Europea (CE) a España en 2009 y 2010 por irregularidades en el uso de los fondos de desarrollo regional asignados a Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
En una sentencia publicada hoy, la máxima instancia judicial comunitaria desestimó los recursos presentados por el Gobierno español contra las sanciones, que reducen en 219 millones de euros las ayudas regionales asignadas a Andalucía, en 115 millones las de la Comunidad Valenciana y en 27 millones las del País Vasco.
El tribunal confirmó así las tres decisiones del Ejecutivo comunitario, que suponen la devolución de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) inicialmente concedidas a cada una de estas autonomías por infracciones cometidas entre 1994 y 1999, explicaron fuentes judiciales.
En los casos andaluz y valenciano, los fondos correspondían al período 1994-1999 y se integraban en el «Objetivo 1» del Feder, destinado al ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.
Los organismos afectados por esta resolución son, según la Conselleria de Hacienda, los ministerios de Fomento, Cultura y Medio Ambiente, RENFE/ADIF, autoridades portuarias, Correos, Retevisión, Telefónica, Compañía Logística de Hidrocarburos, Aena y SIEP, además de la Generalitat Valenciana.
Según la Conselleria de Hacienda, la cuantía de 115,6 millones de euros es «la resultante de aplicar un porcentaje del 8,9 % de error a todos los participantes en el Programa Operativo, cuando si se aplicara la proporción adecuada sobre cada uno los proyectos propios de la Comunidad, la cifra a compensar sería en torno a 54 millones de euros».
Desde la Conselleria se señala que el Ministerio español de Hacienda, como «Autoridad de Gestión del Programa Operativo de la Comunidad 1994-1999», recurrió ante el Tribunal de Justicia Europeo la decisión comunitaria citada, aunque «decidió seguir idénticos criterios para el reparto de los 115,6 millones de euros a reintegrar».
La Generalitat, disconforme con ese criterio de reparto de la devolución de los fondos que no penaliza de forma proporcional la contribución de cada participante a la irregularidad detectada, interpuso en octubre de 2011 un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio.
«La extrapolación del error evidenciado en una muestra y la consiguiente corrección a tanto alzado es un sistema injusto por cuanto afecta a todos los proyectos, los realizados correctamente y los que, en opinión de la Comisión Europea, contienen alguna irregularidad, más si cabe en este caso en que la muestra de operaciones controladas fue de 38 proyectos de un total de 7.862 realizados con cargo a este Programa», según la Conselleria.
La Generalitat valenciana resalta que aún no dispone del texto de la sentencia, «por lo que no se puede hacer una valoración ni concreta ni exhaustiva. Se deduce de la noticia que el Tribunal Europeo ha resuelto el recurso presentado por España en relación con la devolución de los fondos en el sentido de confirmar la procedencia de la misma».
