Madrid, 19 jun (EFE).- Las auditorías a la banca española, que debían concluir a finales de julio, se retrasarán hasta septiembre con el objetivo de conseguir «un examen más exhaustivo», según han informado a Efe fuentes próximas al proceso.
El comité de seguimiento, del que forman parte representantes del Ministerio de Economía y el Banco de España, han tomado esta decisión para poder contar con una información más completa sobre el balance de las entidades españolas.
PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG harán las auditorías, que forman parte de la segunda fase de la estrategia del Gobierno para despejar las dudas sobre la banca española y que incluye en una primera etapa la valoración de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, cuyos resultados se conocerán este jueves.
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Hace un mes, el Ministerio de Economía y el Banco de España anunciaron que en un primer momento estas dos consultoras evaluarían los balances de la banca española, a la que someterían a unas pruebas de estrés para detectar las necesidades de capital.
Estos resultados se conocerán en dos días, pero el mercado ya da por descontado que el capital que requerirán las entidades financieras españolas en su conjunto estará entre 60.000 y 70.000 millones.
Además de esta valoración, en una segunda fase, cuatro firmas auditoras se encargarían de hacer una evaluación más exhaustiva, que se esperaba para finales de julio y ahora se retrasa a septiembre.
La auditoría servirá para contrastar las pérdidas esperadas por el deterioro de activos de cada banco ya que las cuatro compañías evalúan las carteras crediticias de las entidades al detalle.
No sólo las pérdidas de préstamos inmobiliarios, que es a las que el Gobierno ha exigido mayores provisiones, sino también las de créditos al consumo, a empresas y a familias, para afinar los saneamientos necesarios.
Ese examen, especulan los expertos, podría obligar a buena parte del sector a aumentar sus provisiones de forma notable, por lo que unido a las necesidades de capital que se detectarán en la primera fase de la evaluación, pueden llevar a las entidades a necesitar hasta 150.000 millones de euros.
