La constructora española Sacyr busca oportunidades en Latinoamérica y EEUU

Por Publimetro Colombia

Madrid, 27 may (EFE).- El grupo constructor y de servicios español Sacyr Vallehermoso busca oportunidades de negocio en Latinoamérica y Estados Unidos, entre otros mercados, en su apuesta por incrementar su actividad internacional, que ya representa el 62 % de la cartera de obra de la compañía.

Sacyr tiene el foco puesto en proyectos de tratamiento de residuos en Australia y Bulgaria, de incineración en Polonia o de depuración de agua en México y Colombia, según señalaron a Efe fuentes del mercado.

El grupo que preside Manuel Manrique apuesta por Chile, donde recientemente logró un contrato para construir y gestionar una autopista por 325 millones de euros; Colombia, un país en el que entró el pasado abril con la construcción de un tramo de carretera por 103 millones, y Perú.

De hecho, Sacyr, a través de su filial de servicios Valoriza, ha llegado a una alianza estratégica con el objetivo de realizar proyectos para Repsol de bioetanol y biodiesel con la multinacional Fluor.

Entre los proyectos en estudio y de próxima licitación se encuentra la construcción de los bloques de gasóleos y gasolinas para su adecuación a la normativa medioambiental en la refinería de la Pampilla de Repsol en Perú, y la realización del sistema de recolección de gas (Fase II) en el Área Caipipendi en Bolivia para los yacimientos de Repsol por 48,8 millones.

Además, dentro de los proyectos que estudia destaca la construcción de una unidad de refino en Bolivia, o la terminal y almacenamiento de GLP en Chile.

El grupo también tiene la mirada puesta en Panamá, donde construye las nuevas esclusas del canal, en un proyecto valorado en 2.245 millones de euros, en Costa Rica y en menor medida en Brasil.

Sacyr está además precalificado para construir una subestación eléctrica de 400 kilovatios (kW) en Escocia para la compañía Scottish Southern Electric.

Por otro lado, el grupo constructor está interesada en oportunidades que puedan surgir en Italia, Portugal, Polonia, Rumanía, Qatar, India o Israel, en este último país en plantas desaladoras, indicaron las mismas fuentes.

La desaceleración de las actividades de construcción y promoción residencial en España ha provocado que en el primer trimestre del año el 62 % de la cartera total del grupo procediese de la actividad internacional, un porcentaje que ascendió al 78 % en el área constructora.

Hasta marzo, la cifra de negocio descendió un 15,8 %, hasta los 875,9 millones de euros, y la facturación en el exterior representó el 38 % del total.

Madrid, 27 may (EFE).- Las grandes constructoras esperan cobrar cerca de 5.800 millones de euros desde el próximo 31 de mayo, día a partir del cual los ayuntamientos comenzarán a pagar las facturas pendientes en el marco del plan de pagos a proveedores que ha puesto el marcha el Gobierno.

Las grandes constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL) cuentan con ir cobrando a lo largo del segundo semestre del año los créditos que les adeudan las administraciones públicas.

Los ayuntamientos han presentado facturas pendientes de pago por valor de 9.750 millones a abonar a partir del 31 de mayo, mientras que las comunidades autónomas tienen, según los últimos datos, facturas morosas por 17.700 millones a pagar desde el 30 de junio.

Para poder pagar las facturas, el Gobierno y 26 entidades financieras han dotado de un crédito sindicado por valor de 30.000 millones, ampliable a 35.000 millones, a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Entre las compañías con más créditos pendientes de cobro se encuentra el grupo ACS, al que las administraciones adeudan unos 2.300 millones en total (reconocidos o no), de los que los ayuntamientos tienen 1.600 millones y las autonomías, el resto.

En una conferencia con analistas, el director General Corporativo de ACS, Ángel García Altozano, avanzó que la compañía espera cobrar de los municipios en la segunda mitad de mayo y el resto después del verano.

Por detrás del grupo que preside Florentino Pérez, las entidades tienen una deuda vencida y reconocida de entre 1.400 y 1.500 millones con FCC, la mayor parte vinculada a su área de servicios.

En el caso de Ferrovial, las administraciones adeudan a la compañía más de 1.000 millones en total, de los que una parte significativa está vencida.

Asimismo, el importe reconocido que adeuda la administración a Sacyr Vallehermoso es de 376 millones, de los que los ayuntamientos tienen 260 millones y las comunidades, el resto.

Ambas administraciones también tienen deudas reconocidas y pendientes de cobro con Acciona, por valor de 330 millones, de los que 170 millones son de las autonomías y 160 millones de los consistorios.

OHL cuantificó en 328 millones la deuda vencida y exigible que le deben las administraciones públicas: las autonomías 192 millones, el Gobierno 101 millones y los consistorios 35 millones.

Según los datos de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), la deuda viva de las administraciones públicas con las empresas del sector a cierre de 2010, sólo referida a obra pública, ascendía a 22.300 millones de los cuales 15.049 millones se encontraban en mora.

No obstante, en líneas generales, la mayor parte de la deuda reconocida que tienen las administraciones con las constructoras está en negocios como los servicios de limpieza.

Así, el presidente de la asociación de empresas de limpieza pública (Aselip), Francisco Jardón, ha explicado a Efe que confía en que sus empresas asociadas cobren a partir del 31 de mayo unos 2.500 millones.

Esta cantidad es el 80 % del importe total adeudado y pendiente de cobro, ya que no todas las deudas han sido reconocidas.

Asimismo, ha apuntado que las empresas han tenido que renunciar, por el hecho de acogerse al plan, a intereses de demora valorados en hasta 180 millones de euros.

Las empresas de Aselip, entre las que se encuentran las filiales de servicios de grupos como FCC, ACS, Ferrovial o Sacyr, prestan sus servicios en unos 6.800 consistorios, cuentan con una facturación anual conjunta de 4.000 millones y con una plantilla de 125.000 trabajadores.

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