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Buenos Aires, 17 abr (EFE).- El Gobierno argentino rechazó hoy la valoración de YPF realizada por el grupo español Repsol, y adelantó su intención de «revisar» el valor de la petrolera mientras avanza con su mayoría parlamentaria en la tramitación de la expropiación de la compañía.
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Los interventores de YPF, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, protagonizaron hoy un tenso debate con dirigentes de la oposición críticos con la política energética del Gobierno durante su comparecencia en el Senado para debatir el contenido del proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF.
Kicillof, a quien fuentes empresariales atribuyen un especial protagonismo en el diseño de la expropiación, acaparó la atención de la jornada al anunciar una «revisión» del valor de la petrolera y rechazar los 10.000 millones de dólares que reclamó hoy el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.
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«El señor Brufau dice que vale 10.000 millones de dólares, vamos a ver cuánto vale», afirmó el viceministro, quien denunció la existencia de «información secreta» y una gestión «imprudente» de los hasta el lunes directivos de YPF.
Además, el ministro De Vido advirtió de que YPF «tendrá que pagar» por supuestos daños ambientales en el país al afirmar que «el medio ambiente no se rifa y tiene precio».
El «costo de la empresa» habrá que «conversarlo» porque «los gobernadores también tienen muchos reclamos para hacer» sobre su funcionamiento, manifestó el ministro argentino.
«Había mucha información (en YPF) que no estaba disponible para las autoridades», afirmó Kicillof, pese a que el Estado argentino contaba con un representante en el directorio de la empresa, Roberto Baratta.
«Brufau dijo que el año pasado hubo niveles récord de inversión (…), pero hay una deuda cercana a los 9.000 millones de dólares», según el viceministro y ahora interventor de YPF, la mayor empresa del país.
Según Kicillof, Repsol «ha buscado maximizar su beneficio» y ha «chocado» con «el modelo de crecimiento argentino con inclusión social».
Repsol, sostuvo, «ha tenido beneficios extraordinariamente grandes» en los últimos años y «nadie puede decir que les estamos sacando algo que era suyo».
«No podíamos darnos el lujo de sentarnos a esperar a discutir con el grupo trasnacional qué va a hacer con los recursos de Argentina», insistió el alto cargo, que acusó a Brufau de «soberbia» y de tratar de «quebrar la muñeca» a Argentina para «sacar más precio» por el petróleo.
El viceministro, que en su intervención cargó también contra organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, terminó por aconsejar a España que aumente el papel del Estado para salir de la crisis económica.
«Le pido a España que recupere la dignidad en este sentido, que mire lo que le están recomendando la derecha y los guitarristas del libre mercado», insistió.
El momento más álgido del debate, que duró casi siete horas, tuvo como protagonistas a De Vido y al senador radical Luis Naidenoff, que gritó al ministro «caradura» y «mentiroso» tras acusarle de ser «corresponsable» de la crisis energética que afecta al país.
El Gobierno de Cristina Fernández se propone aprobar el dictamen parlamentario para debatir la iniciativa en el Senado el próximo 25 de abril, para pasar al debate en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley gubernamental declara de interés «público nacional» el sector de los hidrocarburos, y añade que la valoración de YPF dependerá del estatal Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se expropiarán.
El presidente de Repsol cifró hoy en una rueda de prensa en Madrid en 10.500 millones de dólares la participación del 57,4 % en su filial argentina, a la que otorgó un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y Estatutos de YPF.
«Imagino que el Gobierno (argentino) intentará no cumplir con lo que tiene que hacer», afirmó Brufau, quien anunció que recurrirá al arbitraje internacional por la expropiación aunque admitió que puede llevar hasta dos años.
Buenos Aires, 17 abr (EFE).- Los interventores de YPF nombrados por el Gobierno protagonizaron hoy un rifirrafe dialéctico con senadores de la oposición en la sesión del Senado que trata la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol en la petrolera YPF.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, acudieron hoy al Senado para explicar el proyecto de expropiación de la petrolera presentado por la presidenta, Cristina Fernández.
La discusión subió de tono cuando el senador Luis Naidenoff, de la Unión Cívica Radical (UCR), la principal fuerza opositora del país, recordó que el justicialismo, al que pertenece el partido gobernante, «autorizó» en 1999 la privatización de la petrolera y que Fernández «votó en favor» de la operación.
Kicillof reclamó al senador «terminar con las chicanas políticas» y en ese marco se desataron los gritos de uno y otro lado, que desembocaron en descalificaciones entre De Vido y Naidenoff, que tildó de «caradura» y «mentiroso» al ministro.
El radical Gerardo Morales pidió moderación tanto a los legisladores de su bloque como a los funcionarios del Ejecutivo y minutos más tarde volvió a cargar sobre De Vido al acusarle de «corresponsable» de la crisis energética que afecta al país.
«De Vido y el secretario de Energía, Daniel Cameron, son tan responsables como Repsol del vaciamiento de YPF y de la crisis de la matriz energética», apuntó Morales.
El senador opinó que es una «contradicción» que De Vido sea el interventor de la petrolera.
Pese a las críticas al Gobierno argentino, Morales se refirió a la actuación de las autoridades españolas para señalar que han actuado en duros términos por el proyecto gubernamental de expropiación y sugerir que «revisen qué hacer con sus empresas».
La presidenta argentina ordenó este lunes la intervención inmediata de la petrolera YPF y envió al Congreso el proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la compañía en manos de Repsol.
Buenos Aires, 17 abr (EFE).- Las empresas de capitales españoles en Argentina han optado por un silencio «prudente» ante el anuncio del Gobierno de Cristina Fernández de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera YPF a la española Repsol, una decisión que sorprendió y causó revuelo entre los hombres de negocios.
Fuentes empresariales y diplomáticas consultadas hoy por Efe coinciden en afirmar que no habrá un pronunciamiento público conjunto de las compañías de capital español y de otras grandes subsidiarias de otro origen europeo.
Tampoco se ha pronunciado públicamente la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, que reúne a unos 850 socios.
«Las empresas se quejan, pero al mismo tiempo quieren cuidar sus negocios. Evidentemente hay contactos y preocupación. El ámbito empresarial se enardeció porque éste no es el mejor final para la gente que quiere hacer negocios en Argentina», dijo a Efe una fuente diplomática.
El anuncio de este lunes del Gobierno argentino de intervenir YPF y enviar al Parlamento un proyecto para expropiar las acciones de Repsol en la mayor productora de hidrocarburos del país «sorprendió» a los directivos de las empresas de capitales españoles.
«Si bien se venía hablando de este tema desde hace semanas, en los últimos días creíamos que iba a haber una salida negociada. Por eso el anuncio de ayer nos sorprendió», dijo a Efe un directivo de una de las grandes empresas españolas con presencia en Argentina, bajo reservas de identidad.
«No creo que ninguna empresa pueda arriesgarse a hablar por ahora porque las compañías son prudentes. Por ahora, ni siquiera hubo reuniones entre los empresarios. Estos son días para digerir la noticia y analizar la situación», apuntó otro ejecutivo, que opinó que muchas compañías perciben que el de YPF «es un conflicto puntual que no se extenderá a otras empresas».
Para Marcelo Elizondo, de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, «el clima de negocios y la reputación argentina han quedado totalmente afectados» con la decisión adoptada sobre YPF.
«Lo primero que va ocurrir es una gran dilatación de las decisiones de inversión futura en Argentina y una gran incertidumbre sobre las condiciones de operación para las empresas extranjeras que ya están en el país, en particular las españolas, que van a retraer decisiones de inversión», dijo a Efe Elizondo.
España es el primer inversor extranjero en Argentina, con activos que superan los 23.240 millones de dólares y jugadores de peso -como Telefónica, Gas Natural Fenosa, Endesa, BBVA, Santander, Indra y ACS, además de Repsol- en sectores clave como banca, telecomunicaciones, infraestructura y energía, entre otros.
España es, además, el quinto destino de las exportaciones argentinas, con ventas que en 2011 ascendieron a 3.000 millones de dólares.
De momento, las quejas públicas por falta de seguridad jurídica en Argentina han venido de boca de altas autoridades del Gobierno de España y de la Unión Europea.
«¿Qué mas seguridad jurídica y clima de negocios puede haber que un Gobierno comprometido con sostener el crecimiento y la demanda interna, con sostener sus extraordinarias exportaciones hacia el mundo?», se preguntó hoy al comparecer en el Senado el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, considerado el ideólogo del plan para expropiar el 51% de YPF y designado subinterventor de la petrolera.
Las relaciones entre Argentina y España ya han sufrido altibajos por asuntos empresariales, en particular en 2008 por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos de la española Marsans, y de los fondos de pensión, que afectó a negocios del BBVA y del Santander.
Una treintena de multinacionales, en su mayoría de capitales europeos y estadounidenses, han demandado además a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal del Banco Mundial, por las consecuencias para las empresas de la traumática crisis económica que estalló a finales de 2001.