Washington, 17 abr (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que «sigue los acontecimientos» tras la decisión del Gobierno argentino de expropiar la mayoría de las acciones de la petrolera YPF.
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En una declaración por escrito en respuesta a una pregunta formulada en la rueda de prensa diaria del Departamento, la institución indicó que «estamos al tanto de que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner propuso un proyecto de ley para nacionalizar un interés de control en la empresa de petróleo y energía Repsol YPF».
Acerca de la pregunta -si EE.UU. ha presentado una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los planes de expropiación-, la oficina del portavoz del Departamento de Estado indica que «no estamos actualmente al tanto de ninguna queja ante la OMC en torno a este asunto».
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España es el principal inversor externo en Argentina, seguido de EE.UU., que cuenta con más de 500 empresas instaladas en el país.
Pero EE.UU. suspendió temporalmente el pasado 26 de marzo los beneficios comerciales que concede a Argentina a causa del impago de más de 300 millones de dólares a dos compañías estadounidenses, Azurix Corp y Blue Ridge Investment.
La medida, que entrará en vigor a finales de mayo, suspende a Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
«Es conveniente suspender la designación de Argentina como país beneficiario del GSP, ya que no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses», indicó entonces el presidente de EE.UU., Barack Obama, en un comunicado.
El litigio se remonta a una décadas atrás, cuando Argentina tomó medidas en contra de los contratos firmados con las dos compañías estadounidenses.
Las empresas reclaman compensaciones económicas por parte del país suramericano y el CIADI, un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial, les dio la razón.
El contrato de la empresa Azurix para suministrar agua potable y gestionar las cloacas de 72 municipios de la provincia de Buenos Aires fue cancelado por el Gobierno de ese distrito, el más poblado de Argentina.
Azurix demandó a Argentina por la cancelación ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condenó en 2006 al país a pagar a la empresa una indemnización de 165,2 millones de dólares, un pago que EE.UU. sigue exigiendo.
Blue Ridge, una empresa filial del Bank of America, lideró la demanda de CMS Gas Transmission Company, a la que también se le rescindió un contrato de suministro en Argentina.
Tras demandar ante el CIADI, el tribunal le dio la razón y fijó una indemnización de 133,2 millones de dólares en 2005.
El representante estadounidense de Comercio Exterior, Ron Kirk, urgió a finales de marzo al Gobierno argentino a que pague las indemnizaciones en cuestión y destacó que es una condición indispensable para reincorporar a Argentina en el programa de beneficios comerciales en el continente.
«Nos permitiría promover el crecimiento de una relación en materia de comercio e inversión entre EE.UU. y Argentina mutuamente beneficiosa», agregó Kirk.
Por su parte, el Ejecutivo argentino calificó de «unilateral» e «incomprensible» la suspensión temporal de las exenciones de aranceles.
Las autoridades del país cuantificaron en unos 18 millones de dólares la reducción de beneficios para las empresas argentinas exportadoras a causa de la decisión de Washington.
Detallaron que el comercio bilateral de bienes y servicios entre ambos países se aproxima a los 18.000 millones de dólares y lo consideraron «ampliamente superavitario» para EE.UU.
Obama y Fernández de Kirchner conversaron en un aparte este fin de semana durante la Cumbre de las Américas en Colombia, en un encuentro que la presidenta argentina definió hoy como «excelente». La jefa de Estado lamentó que en la relación entre ambos países sea Argentina quien sufre «trabas» comerciales».
Brasilia, 16 abr (EFE).- La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, dijo hoy que la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento del capital de la petrolera YPF a la española Repsol generará debate y agregó que el éxito de la apertura del mercado de materias primas está demostrado.
«Creo que va a ser una decisión ampliamente discutida. No voy a ofrecer una opinión porque no conozco los detalles (de la expropiación)», dijo la jefa de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa junto a su homólogo brasileño, Antonio Patriota.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió hoy al Congreso el proyecto de ley que expropia el 51 por ciento del patrimonio de YPF, controlada por la española Repsol, una decisión por la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que adoptará «medidas contundentes».
Funcionarios argentinos encabezados por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, tomaron de inmediato el control de la petrolera YPF y desplazaron a los directores ejecutivos españoles y argentinos de la compañía.
Clinton, quien se encuentra en Brasilia para participar mañana en un foro sobre transparencia gubernamental, añadió que disponer de un «mercado abierto» para los sectores de petróleo y materias primas es «más provechoso» y que esa fórmula de la apertura «se ha demostrado exitosa alrededor del mundo».
Las palabras de la secretaria de Estado de Estados Unidos, quien esta mañana se reunió con la presidenta de la petrolera estatal brasileña Petrobras, Graça Foster, llegan después de haber defendido hoy mismo la importancia de la iniciativa privada como jugador clave en las relaciones económicas.