La CE apoya a España y exige a Argentina que respete sus compromisos con YPF

Por Publimetro Colombia

Bruselas, 13 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) respaldó hoy a España frente a los planes de Argentina de nacionalizar la petrolera YPF, controlada por la española Repsol con un 57,4 %, y urgió al Gobierno de Cristina Fernández a respetar sus compromisos con las inversiones extranjeras en su territorio.

“Nos ponemos del lado de España en esta situación”, declaró tajantemente el portavoz comunitario Olivier Bailly durante una rueda de prensa en Bruselas.

La Comisión Europea espera que las autoridades argentinas “garanticen el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio”, señaló, y manifestó que el Ejecutivo comunitario permanece en contacto con el Gobierno español y sigue la situación “con mucha atención”.

La CE envió una nota diplomática a través de su delegación en Buenos Aires a la oficina de Cristina Fernández para expresar su malestar por sus planes para controlar la petrolera aumentando su participación en la misma mediante un proceso de nacionalización, según confirmó el portavoz.

Según medios argentinos, el Gobierno de Argentina prepara un proyecto de ley para tomar el control de YPF, en el que se declara de utilidad pública y contempla la expropiación el 50,01 por ciento de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen (25,46 por ciento) y de Repsol (57,43 %).

El portavoz de la CE negó que por el momento haya habido un contacto directo entre el presidente del Ejecutivo europeo, José Manuel Durao Barroso, y la presidenta argentina.

En su mensaje, la CE insistió en la necesidad de que Argentina y España encuentren una “solución acordada conjuntamente”, de manera que no se cause perjuicios a las buenas relaciones y al clima empresarial entre el país suramericano y la UE, declaró Bailly.

Fuentes comunitarias indicaron a Efe que esas conversaciones tuvieron ya lugar la semana pasada.

El portavoz también recalcó que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, la Comisión Europea pasa a tener competencia sobre las inversiones de los Estados miembros en países terceros.

“Estamos aquí para defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros o por compañías con su sede en Europa”, dejó claro Bailly.

Así pues, la CE “tiene interés en intervenir” en este caso, puntualizó una fuente comunitaria.

Recordó que, con el objetivo de “proteger las inversiones” europeas en el extranjero, la Comisión y los Estados miembros tramitan actualmente una nueva legislación que busca una transición gradual desde el actual sistema de tratados bilaterales de inversión (BITs) entre los Veintisiete y terceros países, hacia un marco en el que esos acuerdos sean negociados por la CE.

La Comisión propuso en julio de 2010 clarificar el estatus de más de 1.000 acuerdos bilaterales de inversión concluidos entre países miembros y terceros, con el objetivo de garantizar certidumbre legal tanto para inversores europeos como para extranjeros.

Según explicaron las fuentes, una de las metas de esa legislación es apoyar a los Estados europeos que mantienen desde hace años inversiones en terceros países, donde la situación política puede cambiar en ese tiempo.

Por lo que respecta a un posible impacto del caso de YPF en las negociaciones abiertas con el Mercosur para lograr un acuerdo de asociación, las fuentes declararon que el caso de la petrolera es “completamente independiente” y que no establecen una “vinculación”.

“Seguimos comprometidos con la conclusión de ese acuerdo”, aseguró Bailly, aunque recalcó al mismo tiempo que es deber de la Comisión “defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros”.

“La situación actual es, fundamentalmente, un problema bilateral desde un punto de vista jurídico entre Argentina y España, puesto que en el acuerdo existente con el Mercosur no hay disposiciones sobre las inversiones”, indicó.

En la actualidad, las relaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se rigen por lo establecido en un acuerdo marco interregional de cooperación que firmaron ambas partes en 1995 y que entró en vigor en 1999.

Bruselas, 13 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

“La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina”, indicaron fuentes de la Comisión Europea consultadas por Efe.

Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existes instrumentos legales.

Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina.

“Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT”, señalaron.

Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, la CE propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente tramita junto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

En concreto, esa normativa introducirá un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión cuando uno de los Veintisiete se enfrente a “medidas inconsistentes” por parte del país con el que tenga firmado el BIT.

El Estado miembro podría informar a la Comisión y, de forma conjunta, colaborar y poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar una “defensa eficaz” de las inversiones europeas, que podrían incluir la participación del Ejecutivo comunitario en el procedimiento, explicaron las fuentes.

Asimismo, recordaron que el acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

Por lo que se refiere al marco que ofrece la Organización Mundial del Comercio (OMC), indicaron que este organismo “no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en la OMC de Argentina en relación a ello”, por lo que la UE “no tiene posibilidad de reaccionar sobre la base de compromisos legales multilaterales o bilaterales” en Ginebra.

En cualquier caso, las fuentes aseguraron que “nos ocuparemos del asunto y expresaremos nuestra preocupación sobre el impacto negativo que puede tener en los intereses económicos y comerciales de la UE, y en las relaciones bilaterales”, durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires.

Recordaron que, antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la CE ya ejerció con éxito presión diplomática a Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.

No obstante, las citadas fuentes insistieron en que la UE “está dispuesta a apoyar a España en este proceso, y a cooperar con España y abordar este asunto con las autoridades a nivel político”.

El portavoz comunitario Olivier Bailly dejó hoy claro que Bruselas “está del lado de España” ante los planes del Gobierno argentino de nacionalizar una parte la petrolera y tomar el control de la compañía.

Confirmó, además, que el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ya ha enviado un mensaje a la oficina de Cristina Fernández a través de la delegación de la Comisión en Buenos Aires en el que mostró su preocupación y pidió respeto a los compromisos del país con las inversiones extranjeras.

Bailly negó, sin embargo, que Barroso haya llamado personalmente a la presidenta argentina, como han difundido varios medios.

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