Washington, 26 mar (EFE).- Estados Unidos aumentó hoy la presión sobre Argentina por el impago de las compensaciones por más de 300 millones de dólares fijadas por un tribunal arbitral para dos compañías estadounidenses, con la suspensión temporal de los beneficios comerciales a ese país.
La medida entrará en vigor dentro de 60 días por un tiempo indefinido y deja a Argentina fuera del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo al anunciar este castigo que Argentina «no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses», según informó en un comunicado.
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En la primera reacción oficial, la Cancillería argentina consideró «incomprensible» una decisión que reduce en unos 18 millones de dólares los beneficios a las empresas argentinas exportadoras, cuando el volumen de intercambio comercial bilateral es cercano a 18.000 millones de dólares y «ampliamente superavitario» para Estados Unidos.
Las exportaciones de Argentina con destino a EE.UU. protegidas por este acuerdo ascendieron en 2011 a 477 millones de dólares, lo que representa cerca de un 11 por ciento del comercio bilateral.
La disputa hace referencia a los fallos decretados en 2005 y 2006 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial a favor de las compañías estadounidenses Azurix y Blue Ridge Investment.
En 2002, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires canceló el contrato de Azurix para dar servicio de agua potable y cloacas a 72 municipios, por lo que la empresa recurrió a la CIADI.
Por su parte, Blue Ridge está cargo de la demanda de CMS Gas Transmission Company, a la que también se le rescindió un contrato de suministro en Argentina ese mismo año.
En ambos casos el tribunal internacional dio la razón a las empresas estadounidenses y dictaminó que Argentina debía otorgar una compensación de 165,2 millones de dólares y 133,2 millones de dólares, respectivamente.
El Gobierno de Cristina Fernández señaló que las dos compañías «jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina» y lamentó «el intento de obligar» a Argentina «a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias».
Además de Azurix y Blue Ridge, más de una treintena de empresas de servicios públicos europeas y estadounidenses han presentado demandas por la cancelación de contratos y perjuicios sufridos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas originalmente establecidas en dólares en medio de la aguda crisis financiera que vivió Argentina hace una década.
El representante estadounidense de Comercio Exterior, Ron Kirk, urgió hoy en un comunicado al Gobierno de Cristina Fernández a cumplir sus compromisos.
«El pago de las indemnizaciones nos permitiría considerar el restablecimiento de la elegibilidad de Argentina para el GSP y promover el crecimiento de una relación en materia de comercio e inversión entre EE.UU. y Argentina mutuamente beneficiosa», afirmó.
Como parte de esta presión, EE.UU. ha votado en los últimos meses en contra de diversos préstamos a Argentina, que no obstante fueron aprobados, en organismos multilaterales como el Banco Mundual y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El anuncio de Washington se produce un mes antes de la VI Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia) y a la que están invitados tanto la presidenta argentina, Cristina Fernández, como Obama, entre otros mandatarios.
Entonces, Argentina aún dispondrá de un mes antes de que los productos argentinos dejen de estar protegidos por el Sistema Generalizado de Preferencias, por lo que el foro de Cartagena puede ser aprovechado por ambos Gobiernos para debatir sobre esta disputa al margen de la reunión de jefes de estado.
El último encuentro bilateral entre Obama y Fernández tuvo lugar durante la cumbre del G20 en Cannes (Francia) en noviembre de 2011.
La entrevista, definida como «cálida y productiva» por el Departamento de Estado de EE.UU., sirvió para normalizar las relaciones entre ambos países, que estaban tensas tras la retención en Argentina de equipos enviados en un avión militar estadounidense.
Buenos Aires, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina calificó hoy de «unilateral» e «incomprensible» la suspensión temporal de los beneficios comerciales que EE.UU. otorga al país, debido al impago de más de 300 millones de dólares que un tribunal arbitral fijó como indemnizaciones para dos compañías estadounidenses.
La Cancillería argentina dijo en un comunicado que resulta «manifiestamente incomprensible» una decisión que reduce en unos 18 millones de dólares los beneficios a las empresas argentinas exportadoras cuando el comercio bilateral de bienes y servicios es cercano a los 18.000 millones de dólares y «ampliamente superavitario» para Estados Unidos.
La medida, que entrará en vigor dentro de 60 días por un tiempo indefinido, suspende a Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés), que exime de aranceles a las importaciones de miles de productos de países en desarrollo.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo en un comunicado que ha resuelto suspender estos beneficios, pues Argentina «no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de las compañías estadounidenses».
El Gobierno de Cristina Fernández señaló que las dos firmas beneficiadas por los fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, «jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina».
Las empresas en cuestión son Azurix Corp. y Blue Ridge Investment que acudieron al Ciadi para reclamar compensaciones económicas porque hace una década Argentina tomó medidas por las que perdieron sus contratos para suministrar servicios públicos en el país.
Según el comunicado oficial, tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el conflicto interpretativo «sobre el reglamento del Ciadi, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en Argentina».
«Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias», señala el comunicado.
Según el comunicado de la Cancillería, esas leyes «fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar» argentino (1976-1983).
El Gobierno argentino atribuyó la decisión anunciada hoy en Washington al «lobby ejercido por los fondos buitres» (así llama a los que intentan cobrar mediante juicios en EE.UU. deudas soberanas de Argentina en cese de pagos desde 2002) y condenó «de forma contundente» esa «presión».
En un acto en la sede del Ejecutivo, la presidenta argentina, Cristina Fernández, no hizo mención directa de la decisión anunciada hoy por Washington, aunque aludió a las trabas que sufren ciertos productos argentinos para ingresar al mercado estadounidense.
«No hemos podido poner carne en EE.UU. No ha podido entrar un sólo limón argentino a EE.UU. por barreras fitosanitarias que son, en realidad, barreras paraarancelarias», dijo la mandataria argentina.
Con respecto al impacto de la decisión de Estados Unidos en el comercio, el Ministerio de Industria argentino precisó en un comunicado que en 2011 el intercambio de bienes fue de 11.901 millones de dólares, con un saldo favorable a Estados Unidos de 3.501 millones de dólares.
«En 2011 los exportadores argentinos solo canalizaron el 52 % de sus ventas potencialmente acogibles al Sistema Generalizado de Preferencias. Es decir que, aún pudiendo, los exportadores argentinos sólo utilizaron la mitad del mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias», señala el comunicado.
