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Buenos Aires, 23 mar (EFE).- La petrolera YPF, controlada por la española Repsol, sumó hoy nuevos problemas en Argentina con la revocación de la licencia para operar en dos áreas de Mendoza, una huelga en su red de gasolineras y renovadas acusaciones del Gobierno.
YPF anticipó en un comunicado que emprenderá acciones legales contra la decisión del gobernador de la provincia de Mendoza (oeste), Francisco Pérez, quien decretó hoy la caducidad del permiso para operar las áreas Ceferino y Cerro Mollar norte tras alegar que la empresa mostró «falta de interés y de inversión» en esos yacimientos.
El anuncio de Mendoza no castigó a la petrolera en la Bolsa de Buenos Aires, donde subían a media sesión sus acciones un 1,74 por ciento.
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La medida adoptada por Mendoza imita a las tomadas los últimos días por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén, que revocaron a YPF su licencia para operar en seis áreas, y se inscribe en un creciente conflicto entre la petrolera y el Gobierno argentino, que acusa a la empresa de una supuesta caída en las inversiones y la producción en el país.
Pérez, que el pasado día 6 había emplazado a YPF a presentar un plan de inversiones para las dos áreas en conflicto, dijo hoy en rueda de prensa que la petrolera incumplió sus obligaciones y tiene «una actitud meramente especulativa financiera y no de desarrollo industrial, como requiere la provincia y el país».
En su defensa, la empresa aseguró que ha cumplido con sus compromisos de inversión en Mendoza, donde sus desembolsos ascendieron en 2011 a 600 millones de dólares (453 millones de euros).
Según fuentes del sector consultadas por Efe, las áreas en cuestión en Mendoza representan apenas el 0,06 por ciento de la producción total de crudo y gas de YPF en Argentina.
Mientras Pérez anunciaba su decisión en Mendoza, el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios (Soesgype) de Argentina iniciaba una huelga en las gasolineras que venden combustibles de YPF, unas 213 en todo el país.
Portavoces de ese sindicato declararon a Efe que la protesta, de cuatro horas de duración, pretende que «YPF garantice la renovación de los contratos» a las estaciones de servicio que no son propiedad de la petrolera pero que venden combustibles de su marca.
YPF sostiene que no existe conflicto con el personal de sus estaciones de servicio y califica las medidas de fuerza como «arbitrarias e ilegales».
Entre tanto, en un nuevo capítulo del conflicto entre la empresa y el Gobierno argentino, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) acusó hoy a YPF de mantener un proceder «desaprensivo» que obligó a reformar un fondo destinado a subsidiar a consumidores de gas licuado de bajos recursos.
Según Enargas, YPF decidió dejar de participar de un fondo fiduciario creado para atender las necesidades del gas licuado de petróleo envasado de sectores de bajos recursos y para la expansión de las redes de gas natural.
Desde 2008, a ese fondo aportan recursos productoras de gas natural a cambio de un mayor precio del gas en boca de pozo.
YPF aprobó el miércoles, por mayoría y con el voto en contra del representante del Estado argentino, una propuesta de capitalización por importe de 5.789 millones de pesos (1.322 millones de dólares, 999 millones de euros) a partir de ganancias no asignadas de 2010 y 2011.
La propuesta será sometida a consideración de los accionistas de la petrolera en una asamblea convocada para el próximo 25 de abril.
El Gobierno, que pretendía derivar los resultados no asignados a un fondo para acometer inversiones, consideró que la capitalización no garantiza que la compañía realice mayores inversiones en el país, aunque YPF ha asegurado que este año sus desembolsos alcanzarán un récord de 15.000 millones de pesos (3.425 millones de dólares, 2.500 millones de euros).
El conflicto del Gobierno con YPF ha salpicado a otras empresas del sector a juzgar por la decisión de la agencia de calificación Moody’s de rebajar las notas de esa compañía y otras cinco petroleras debido a lo «imprevisible» del alcance de la intervención gubernamental.
