La Fiscalía General de la Nación reveló los primeros nombres en la investigación que adelanta sobre la posible intervención de apostadores en el fútbol colombiano. Lanzó el primer pliego de acusación a una de las personas que habría ofrecido, con nombres y apellidos, una cifra millonaria a un jugador del Deportivo Pasto para ganar dinero en apuestas ilegales.
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Según la Fiscalía, el apostador Diego Jaramillo habría ofrecido 10 millones de pesos a Félix García, jugador del Pasto, para que se hiciera expulsar en medio del partido entre su equipo y el Cortuluá, el 3 de febrero pasado. Jaramillo habría realizado una apuesta a través de un portal de Internet asegurando que el defensor se iría expulsado.
El mecanismo para buscar un acuerdo sido a través de Francisco Navas, un jugador del Quindío nacido en Houston y quien compartió camerinos con García en el Atlético Bucaramanga de 2012. Los contactos se realizaron mediante aplicaciones de mensajería instantánea, pero García rechazó la propuesta.
Las conversaciones de mensajería instantánea sirvieron como pruebas para lanzar el pliego de acusaciones contra Jaramillo y Navas. Esta audiencia se aplazó del 27 de septiembre al 11 de octubre, debido a los compromisos deportivos del jugador.
Jaramillo y Navas se podrían enfrentar a una acusación por el delito de corrupción privada, expresado en el artículo 250A del Código Penal. De ser hallados culpables, se enfrentarían a cargos de prisión de 4 a 8 años de cárcel, y a multas desde 10 a 1000 salarios mínimos (entre $7’370.000 y $737 millones).
La cooperación de la Fiscalía y la Dimayor para expulsar a los apostadores en el fútbol colombiano muestra así sus primeros frutos. El pasado 10 de agosto, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, se reunieron para comparar las denuncias sobre el presunto amaño de partidos en el Fútbol Profesional Colombiano.
A pesar de esto, Martínez pidió que se tipificaran las conductas de corrupción privada a organizaciones deportivas de manera específica. Esto permitiría a las autoridades contar con más armas para poder castigar a quienes intentan alterar para su beneficio los eventos deportivos en el país.
