Represión y balas: una vieja fórmula para nuevas protestas

Si Gustavo Petro marchara hoy como cualquier ciudadano emberracado, es probable que al final del día tuviéramos la noticia de su muerte. Los disparos contra quienes han salido a las calles del país a manifestar su inconformismo por un proyecto de ley que afecta la canasta básica alimentaria, las pensiones y busca recaudar la astronómica suma de 23.4 billones de pesos, no están en la categoría de ficción. Los videos de policías vestidos de civil marchando en las protestas no son el resultado de una imaginación desbordada. Lo que alcanzamos a ver es el comportamiento sistemático de los miembros de esta institución: agentes vestidos de civil, armados, que infiltran las marchas para producir caos y, de esta manera, justificar la acción represora; agentes cubriendo su identificación con el uniforme al revés, accionando su arma de dotación indiscriminadamente contra la multitud que vitorea, como ocurrió en Cali, Bogotá, Pereira y otras ciudades del país.

Los disparos han dejado, hasta hoy, unos 50 muertos. Para la Defensoría del Pueblo, sin embargo, esta cifra se encuentra por debajo de los 40. Las imágenes resultan aterradoras, tanto que parecen sacadas de una película apocalíptica hollywoodense. En un video se alcanza a ver a un adolescente lanzándole una patada a un uniformado motorizado; se observa al chico correr y al uniformado desenfundar su arma y disparar. El joven recibió dos disparos: uno en su espalda y otro en la cabeza. Otro nos muestra a un manifestante tendido en una calle con el rostro ensangrentado por un proyectil. En un tercero, un grupo de agentes dispara contra ciudadanos desarmados. Al fondo, se ve que alguien cae y un compañero se detiene para socorrerlo. El sonido de los disparos retumba en la noche. Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) han sido constantes en Cali, Pereira, Manizales y Bogotá. Solo en la capital del Valle del Cauca se contabilizaron en la primera semana de protestas 10 muertos, y, desde entonces, el número ha ascendido a 21. De los más de los 200 heridos, algunos han fallecidos en las Unidades de Cuidados Intensivos de algunas clínicas, y, de acuerdo con las autoridades, no hacen parte de las estadísticas porque no fueron reportados en su momento como heridos durante las revueltas. Pero lo peor de todo este pequeño infierno desatado, según lo han expresado oenegés como Human Rights Watch, son los desparecidos, de los cuales las autoridades parecen no saber nada.

En otro video se puede ver un helicóptero sobrevolando un barrio de Cali. Abajo, la multitud corre despavorida. Se escuchan ráfagas de disparos que provienen de la aeronave. Luego aparece una mujer mostrando cómo un proyectil entró por el techo de su humilde vivienda, destrozó las vigas de madera y rozó el rostro de un bebé de pocos meses que dormía en su cuna. Ella muestra para la cámara el proyectil aplanado por el impacto contra el piso y la frente del bebé, besada apenas por el calor de la bala. Un centímetro más y el niño habría muerto.

Las últimas semanas han sido terribles no solo para la gente pobre de la Sultana del Valle, sino también para el resto de los habitantes de las grandes y pequeñas ciudades de Colombia. La explosión social en plena pandemia es el resultado del aumento de la pobreza que se ha visto reflejada en la alta tasa de desempleo, en el aumento de la desigualdad social y el poco acceso de los ciudadanos a las tres comidas. Lo anterior aparece consignado en un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) del mes pasado en donde queda claro que más del 60% de los colombianos no está en la disponibilidad económica de consumir las tres porciones de alimentación diaria. A esta frustración, a esta incapacidad de satisfacer las necesidades primarias, se le sumó el despliegue publicitario de una reforma tributaria que buscaba subirle los impuestos a algunos productos de la canasta básica alimentaria y meterles mano a las pensiones.

Ante las masivas manifestaciones de inconformismo, el gobierno colombiano se mantuvo parado en la raya y reafirmó su interés de continuar con el proyecto de ley que buscaba recaudar más impuestos. Solo hasta cuando la cifra de muertos y destrozos fue creciendo en las calles, al compás de una represión brutal ejercida por la Policía y los organismos armados del Estado, Iván Duque decidió echar reversa a su proyecto, pero ya el daño estaba hecho. La noticia volaba entonces por el mundo y diarios tan importantes como The New York Times le dieron despliegue a una situación en donde la violación sistemática de los DD. HH. era evidente. “La policía de Colombia responde a las protestas con balas y hay más muertos”, tituló el importante diario en sus páginas interiores. “La violencia se tomó las calles de Colombia”, reseñó BBC Mundo de Londres. La cadena internacional alemana

Deutsche Welle en Español dio cuenta de la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizada esta semana por un colectivo de organizaciones sociales contra el Estado colombiano y el presidente Iván Duque por crímenes de lesa humana durante las protestas contra su gobierno. Según la nota, los demandantes señalan como “máximos responsables” a Diego Molano, ministro de Defensa, y a los generales Eduardo Zapateiro, Comandante del Ejército, y Jorge Luis Vargas, director de la Policía.

Ha sido tan espantosa la represión policial y militar que tanto La Nación de Buenos Aires como El País de España hicieron referencia a la masacre desata por las autoridades durante las dos semanas de paro como “una cacería” que debía prender las alarmas de los DD. HH. de las Naciones Unidas y la Unión Europea. The Guardian, por su parte, ante la descomunal represión, habilitó un espacio en su plataforma para que los colombianos pudieran subir los videos de la violencia durante las protestas. Sin embargo, la respuesta del presidente Duque y sus funcionarios ante los disparos de los cuerpos armados del Estado ha sido sumamente tibia, más bien de respaldo, pues les pidió a los ciudadanos, en un primer llamado, rodear a la Policía. Esta posición no era nueva. En septiembre de 2020, ante las manifestaciones que produjo el asesinato de un estudiante de derecho a manos de dos uniformados, el Primer Mandatario, para mostrarle a sus detractores la confianza que le tenía a su cuerpo policial, se uniformó como uno de ellos y fue a la Metropolitana de Bogotá a insuflarlos de confianza y posar, con la mano en pecho, para una foto que produjo indignación, ya que, a lo largo de la semana, en distintas ciudades del país, las balas policiales le habían quitado la vida a 24 personas que esperaban un poco de justicia por el crimen violento de un joven cuya única falta fue haber salido una noche a la tienda de la cuadra, en compañía de unos amigos, a tomarse un par de cervezas.

La historia se ha vuelto a repetir, pero en esta oportunidad la cifra de muertos no ha alcanzado todavía techo.

En Twitter: @joaquinroblesza. Email: robleszabala@gmail.com

(*) Docente universitario.