Los jóvenes no nos dejamos influenciar hacia la ilegalidad

Por: Camilo Pabón Almanza, Superintendente de Transporte.

Por Camilo Pabón Almanza

Gracias a las nuevas tecnologías, los “influencers”, o influenciadores, logran persuadir al público para la adquisición de bienes y servicios. Por eso, son contratados por distintos empresarios como una nueva forma de hacer publicidad, para influir en las decisiones de consumo (SIC, 2020). Para ilustrar cómo sucede esto en el sector transporte, la Superintendencia de Transporte comprobó recientemente la forma en que una empresa prestadora de servicios de mototaxismo contrataba a influenciadores para promover el mototaxismo, un servicio legalmente prohibido, entre sus seguidores.

Pero los jóvenes no somos ingenuos, ni tampoco fácilmente influenciables hacia actividades ilícitas. Si a los consumidores se les informara todo lo que implica un servicio de transporte ilegal, la decisión será diferente. Veamos por qué:

Los jóvenes valoran la tecnología. Es cierto, y el transporte legal cuenta con más de 20 aplicaciones que conectan a los usuarios con empresas habilitadas para prestar transporte individual (taxi), con transporte intermunicipal, entre otros. La tecnología va de la mano con la legalidad.

Alguien que responda por reclamos. Ante un accidente o alguna reclamación del usuario, el transporte público legal siempre tiene detrás una empresa habilitada por el Estado y aseguradoras, que tienen la capacidad para responder. Por eso el Estado verifica que tenga un patrimonio mínimo, seguros de responsabilidad y otros requisitos antes de permitirle operar, de forma que, si es el caso, el consumidor tenga a quién reclamarle. Por otro lado, en el transporte ilegal nada de eso es verificado por el Estado, y posiblemente los consumidores no tendrán quién le responda si, por ejemplo, quieren reclamar perjuicios.

Exposición a sanciones. Las personas que contratan transporte tienen un deber legal: “cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas”, dice el artículo cinco del Estatuto General de Transporte (Ley 336 de 1996). Esto significa que una empresa que contrata servicios ilegales para sus empleados o colaboradores, o cualquier usuario que incumpla esta obligación, se está exponiendo a ser investigada y sancionada hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Una comodidad insegura. En un estudio del comportamiento de los usuarios de medios de transporte informales, realizado en nuestro país en 2015, el 53,13% de los encuestados usa los medios de transporte informal por comodidad. Pero un usuario promedio no conoce que la actividad de conducir vehículos es una “actividad peligrosa”, por el riesgo inherente que tiene de generar lesiones o incluso la muerte. De hecho, los usuarios de motocicletas son quienes más lesiones y muertes tienen en los accidentes de tránsito.

Por esto el transporte público tiene controles, incluyendo los que se ejercen sobre los conductores (como la licencia de conducción especial), y sobre los vehículos (por ejemplo, alistamientos diarios y mantenimientos bimensuales, entre otros). Por otro lado, en el transporte ilegal el riesgo de lesión y muerte es mucho mayor para las personas.

Enfermedades y pandemias. Las personas que utilizan servicios informales o ilegales no tienen seguridad de que se sigan los protocolos de bioseguridad. También es posible que se expongan a condiciones en las que aumenta el riesgo de contagio de otras enfermedades. Esto puede ocurrir cuando se prestan cascos los pasajeros del mototaxismo, o cuando se usan vehículos no autorizados, sin ningún control. De hecho, ya en el pasado se ha atribuido al mototaxismo que se genere transmisión de piojos entre los pasajeros que utilizan el casco del parrillero.

Al final de cuentas, todo esto tiene que ver con el derecho que tienen los consumidores de ser informados. Por eso, desde la SuperTransporte hemos iniciado una campaña para que los colombianos sepan que prestar transporte público en vehículos de placas amarillas, sin autorización del Estado, está prohibido.

Todos, pero especialmente los jóvenes, estamos expuestos al bombardeo publicitario de servicios ilegales. Pero, si tengo claro que al contratar uno de esos servicios como usuario me expongo a multas, enfermedades, lesiones o incluso a la muerte, creo que lo pensaré dos veces. El poder de los “influencers” no alcanzará para llevar a los jóvenes a participar de actividades ilícitas.

Por: Camilo Pabón Almanza, Superintendente de Transporte.

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