Aguardiente con marrulla paisa

"La figura extraña de la FLA significa no solo que puede evadir – legal pero no legítimamente – unos impuestos sino que todos sus ingresos y beneficios se quedan en Antioquia, unos 900 mil millones de pesos anuales": Melquisedec Torres

Por Melquisedec Torres

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, FLA, fundada en 1920, es el ejemplo vivo de una característica de los antioqueños que, en la mayoría de los casos, es peyorativa y estigmatizante pero que aún algunos paisas defienden soterradamente: la viveza, la marrulla, la astucia, la capacidad de engañar.

La FLA es una empresa en el sentido jurídico del término y a trancazos lo es en el aspecto comercial pues no tiene personalidad jurídica, es decir no tiene NIT propio pues no es empresa industrial y comercial del Estado. Su creación y funcionamiento de 100 años siempre lo ha hecho, como dirían las tías del barrio Manrique de Medellín, bajo las enaguas o las faldas de la Gobernación de Antioquia. La FLA, en la estructura de ese ente territorial, pese a su enorme tamaño comercial es apenas una oficina de la Secretaría de Hacienda.

Por supuesto ello le da jugosas gabelas: “Al no ser empresa industrial y comercial del orden departamental, no está sujeta al impuesto de renta y complementarios ni debe presentar declaración de ingresos y patrimonio y no está sujeta al impuesto de patrimonio”, dice la misma Gobernación en los documentos de la factoría licorera.

Y no tiene vigilancia directa de las superintendencias.

Tal figura exótica dentro del Estado colombiano ha sido soporte sustancial para permanecer y consolidar una posición dominante en el mercado nacional de los aguardientes, una evidente ventaja de competencia desleal pues las demás licoreras oficiales – con excepción de la Unidad de Licores del Meta, un jugador muy pequeño – sí se someten a todas las reglas empresariales, legales y tributarias. He ahí que la FLA ha superado ya el 50% de participación en el mercado nacional de aguardientes.

La marrulla legal estaba a punto de finalizar tras una sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 21 de junio de 2018 en la que “exhorta” a la Gobernación de Antioquia para que en el término de dos años “realice los trámites pertinentes ante la Asamblea Departamental para que la FLA adopte la organización y estructura jurídica que corresponde al desarrollo de actividades industriales y comerciales”. Una demanda que promovió el sindicato pues, al no existir la empresa, no se les considera trabajadores oficiales sino empleados públicos y ello les vulnera diversos derechos laborales.

Es tan de bulto la violación legal que la Corte Constitucional ya había establecido en la sentencia C-316 de 2003 que la operación directa de los monopolios rentísticos debe ejercerse siempre con empresas industriales y comerciales, y sociedades de capital público, y no se permiten siquiera sociedades de economía mixta.

Y más diciente aún es que el Consejo de Estado se había pronunciado en sentido similar en 2005, hace 15 años, ante otra demanda del sindicato; dijo esa vez que esta figura exótica de la FLA “configura un claro fraude a los mandatos constitucionales” y que “no es a voluntad de la administración que esta pueda desnaturalizar las actividades industriales o comerciales, que según la Constitución Política deben adelantarse a través de Empresas…” Y decidió inaplicar por inconstitucionales cinco decretos de la Gobernación que organizaron la FLA como una dependencia de la Secretaría de Hacienda y declaró que debería tener como trabajadores oficiales a sus servidores. Pero nada pasó.

Los dos años fijados por el alto tribunal vencen ahora, en julio. Pero para una sentencia salta un “mico” en una ley: sin saberse cómo ni de dónde, a la Ley 2010 del 2019, de Financiamiento, le colgaron el articulito 144 que, al parecer, deja vivo al ornitorrinco licorero de la FLA. Dice el primate legal que “Las empresas de licores de los departamentos conservarán la naturaleza jurídica que tengan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. Claramente un texto que solo cobija en Colombia a la FLA, un esguince, un dribling, una pirueta para mamarle gallo a la sentencia del Consejo de Estado.

Por supuesto que los malabares legales no son gratuitos. La figura extraña de la FLA significa no solo que puede evadir – legal pero no legítimamente – unos impuestos sino que todos sus ingresos y beneficios se quedan en Antioquia, unos 900 mil millones de pesos anuales. Recursos tan importantes que le permiten al Departamento permanecer en categoría especial fiscal, aspecto que suelen esgrimir los gobernadores y diputados para no convertir a la FLA en lo que ordenan los magistrados.

Mientras tanto consolida su gran mercado pues el Departamento del Huila les entregará a los paisas esta semana una nueva concesión por 5 años (que tiene desde 2014) para producir su aguardiente Doble Anís, gracias al “pliego sastre” que le diseñaron justamente por su condición particular de no ser empresa industrial y comercial del Estado. Los pliegos dicen (página 92) que el ganador de la licitación debe mantener su figura jurídica por 10 años… pero le colgaron una excepción: “Este requisito no aplica cuando se trate de proponentes con naturaleza de entidad territorial o cualquier otra naturaleza pública”, claramente previendo que la factoría paisa deba cumplir la sentencia del Consejo de Estado.

El contrato del aguardiente huilense es atractivo pues moverá unos 300 mil millones de pesos en ese lapso. Pero el grueso no lo tendrá la FLA sino la socia, la firma santandereana que tiene el engañoso nombre de Conantioqueño S.A., que se encargará de vender el licor, la almendra del negocio.

En todo caso la FLA, como su lejano pariente escocés Johnnie Walker, sigue tan campante.

Melquisedec Torres

Periodista y abogado

@Melquisedec70

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