Hace dos semanas, un noticiero regional de la ciudad de Bogotá presentó como titular que el 80% de los estudiantes consumen marihuana o cocaína.
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Después de hurgar exhaustivamente en la red, no aparece ningún estudio que presente como conclusión esas cifras. Lo que sí se encuentra es una noticia de un periódico de la ciudad de Cartagena, de mediados del año 2018, en la que el sindicato de rectores es referido como productor colectivo de esa afirmación.
Aunque pretende el revestimiento de seriedad investigativa que se asocia al uso de estadísticas, la noticia presenta algunos problemas al intentar entenderla seriamente:
El primero es que la valoración estadística debe, en todos los casos, sustentarse formalmente. La pretensión de quien usa datos numéricos, es que a partir de su análisis se puedan sacar conclusiones de alguna validez. Esto quiere decir que el investigador habrá realizado el estudio del que extrae sus datos; de no hacerlo, referencia una o más fuentes, cuya credibilidad de fuerza a sus conclusiones. Eso no parece ocurrir en este caso.
El segundo, especialmente en el canal que reproduce la noticia, es el tratamiento poco riguroso de la información. Si la afirmación en la que se basan, tanto el periódico como el noticiero, se aplicara a la ciudad de Cartagena,resultaría que la población total, para el año 2016 era de 971,592 habitantes, de los cuales, según la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, 226.825 fueron contados como estudiantes en 2017; así, 181.460 jóvenes estudiantes serían los consumidores habituales de éstas dos drogas, según el periódico y los rectores.
Cuando el noticiero regional extrapola esa noticia a la ciudad de Bogotá, da pie al equívoco de asumir que se trata de una realidad estadística paralela. En la capital del país, la población escolar, entre 10 y 17 años, fue de 1’235.337, para 2017. 8 de cada 10, totalizaría 988.337 jóvenes. Superando en más de 10.000 el total de la población de Cartagena. Esta cifra, además, estaría muy cercana al dato que suministra la revista Semana, en la edición 22 de 2017, de 1’072.728 consumidores de marihuana, en toda Colombia, para 2015. de ser cierta la aseveración exportada, estarían concentrados en Bogotá y, prácticamente todos, serían estudiantes de secundaria.
La tercera extrapolación posible es tomar la parte, como muestra del todo, es decir que el porcentaje se pueda aplicar a toda Colombia. Según el Ministerio de Educación Nacional, para 2016, en secundaria y media (de 6 a 11), había 10’203.000 estudiantes. 7’000.000 en colegios oficiales, 711.000 en colegios en convenio y 1’889.000 en colegios particulares. De cumplirse la afirmación como sentencia, 8’162.400 jóvenes consumirían habitualmente drogas, cuando para 2015, entre marihuana y cocaína, el número de consumidores en el país, de todas las edades, sumaba 1’326.800. Aunque es una cifra alta, en un universo de 49’292.000, se trata apenas de la 6,15 parte de los jóvenes acusados en la aplicación más amplia de la tendenciosa cifra.
De ahí surge otro cuestionamiento general sobre este tipo de noticias: toda noticia tiene intenciones comunicativas, unas inmediatas, generadas por el impacto que produce en la persona; otras a mediano y largo plazo. Los Consejos Editoriales de noticieros y periódicos tienen una línea a la que se ajustan, no sólo los contenidos, sino la forma en que se redacta, presenta y produce cada noticia. Los énfasis que se logran en cada partícula de información, se derivan de la visión de país que se quiere transmitir al público y, desde ahí, las condiciones en las que se va construyendo la opinión de las personas.
En este caso, se trata de continuar con la estigmatización de los jóvenes, especialmente los que estudian en los colegios públicos; primero de Cartagena, con la carga discriminatoria sobre la pobreza y el racismo histórico que la ha acompañado; luego en Bogotá, donde la lucha por la sobrevivencia es también la lucha por superar diferentes y muy complejos niveles de exclusión.
Noticias como estas, además, siguen satanizando el consumo de drogas, especialmente al recargarlo en jóvenes de colegios oficiales, que finalmente terminan responsabilizados de todo mal de la sociedad. Cuando la escuela es responsable de la drogadicción, se logra que las consecuencias de la desigualdad, sean tomadas como sus causas, asociando adicionalmente, drogradicción y pobreza; para que luego, se infiera, gracias al manejo de estadísticas, el vínculo entre drogadicción y juventud.
Una vez se ha alarmado al público, una vez se alcanza el lugar de verdad generalizada, resulta fácil argumentar soluciones desde la represión y la criminalización. Todo esto, a partir de información sin fundamento alguno, pero con intenciones muy claras y una eficacia varias veces probada.
Por: Julio Andrés Arévalo, docente