Algunos sectores muy cercanos e identificados con las ideas que desde aquí se impulsan –como lo es la primacía de la propiedad privada, la economía de mercado, la libertad de asociación, la generación de riqueza, las libertades públicas y los derechos civiles, el respeto por la división tripartita del poder público, la democracia y con ello la promoción al respeto del régimen constitucional y legal vigente– sienten graves preocupaciones por lo que pueda suceder en el próximo año electoral. Tratándose de elecciones para alcaldes y gobernadores en todo el territorio, la preocupación no es infundada; por el contrario, es totalmente válida y responde a la actualidad que vivimos en el país.
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Donde se logra evidenciar que tenemos una paz mal hecha, donde regresó el secuestro, el boleteo, la extorsión y el secuestro reiterado de menores, en donde se volvió un común denominador hacerlos víctimas no solo del secuestro, sino de, como hemos visto en muchos otros casos, de homicidio, tortura, abuso sexual y todo tipo de tratas degradantes e inhumanas, la preocupación sí tiene relación directa con todo lo que está sucediendo en las elecciones regionales. Y es que con fenómenos tan macabros de violencia se hace difícil impedir que esta no aparezca para presionar intereses políticos que aún andan en armas para elegir próximas autoridades locales.
La propuesta para evitar más violencia e intervención de fuerzas oscuras en las próximas elecciones no puede ser una prórroga que nazca desde las mayorías del legislativo, en donde se genera una ruptura directa con el constituyente primario, en primera medida porque los actuales mandatarios locales fueron elegidos por un periodo de cuatro años y no de seis; y en segunda medida, porque ello alteraría las normas constitucionales y legales preestablecidas y con las que fueron elegidos. A todo esto se suma que sería una idea totalmente inconveniente, en razón de que marcaría no solamente un sesgo arbitrario y anárquico, sino también un rasgo de regímenes que hemos criticado por ideas como esta en el pasado, entiéndase el régimen de Maduro y el de Santos.
Somos totalmente conscientes de los riesgos que se pueden dar en las próximas elecciones regionales, pero existen muchas y mejores alternativas para garantizar principios y valores democráticos, constitucionales y legales, pero sobre todo plenas garantías para los buenos ciudadanos que llegarán a dignidades territoriales: los más idóneos, los más eficientes, los más eficaces y los más decentes, pero de verdad decentes.
¿Por qué no examinar la posibilidad de promover desde ya la reelección inmediata de autoridades territoriales? ¿Por qué no promover la consulta popular nacional en pro de institucionalizar la reelección inmediata en este importante escenario democrático? ¿O por qué no usar los mecanismos de participación ciudadana desde ya para lograr un consenso en el legislativo y promover la reelección de alcaldes y gobernadores de manera inmediata?
Eso sería lo justo y lo correcto, con ello podríamos premiar a los que lo han hecho bien –y que continúen en el cargo– y castigar con el veto a quienes no lo han hecho bien. De paso les haríamos un favor a los ciudadanos: respetaríamos los principios democráticos y no alteraríamos la sabia decisión de la Constituyente del 91 de dividir las elecciones de presidente con mandatarios locales. Unirlo todo nos llevaría a más clientelismo, más corrupción y más politiquería.