El pasado jueves 21 de septiembre, día en el que se cumplieron 21 años del derrumbe del relleno sanitario Doña Juana, escribí un artículo en este mismo medio de comunicación en el que formulé unas preguntas a la Defensoría del Pueblo sobre la indemnización a las víctimas de ese desastre ambiental
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Diferentes medios atendieron al llamado ciudadano y ayudaron a que la Defensoría despertara después de 10 meses sin que los 650 mil reclamantes supieran nada del proceso. Celebro la respuesta de la Defensoría del Pueblo representada por el director Nacional de Recursos y Acciones, Hernán Guillermo Jojoa, sin embargo, hay varias imprecisiones que vale la pena aclarar:
1. No son 2.300 los beneficiarios directos de la sentencia como asegura Jojoa, son 1.472, de éstos a 1.297 ya les fue pagada la indemnización. Los beneficiarios directos son quienes instauraron la demanda en 1999 y a la que, posteriormente, adhirieron aproximadamente 650 mil reclamantes más.
2. Adicionalmente, 650 mil reclamantes de cuatro localidades -Ciudad Bolivar, Usme, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe-, esperan la publicación de las listas con el resultado final del estudio hecho Universidad Nacional, para determinar, quienes de ellos son beneficiarios de la indemnización.
3. Al preguntar sobre los intereses que generan más de 240 mil millones de pesos , suma total de la indemnización transferida en enero de 2015 por el Distrito a la Defensoría, Jojoa afirma que la Defensoría no tiene productos financieros a su nombre. Todo indica, según respuesta de esa entidad al Representante Juan Carlos Lozada, que ese dinero se encuentra depositado en la Cuenta Única Nacional del Ministerio de Hacienda. Repito, sea cual sea la entidad a cargo de la cuenta, los rendimientos que genere este dinero deben llegarle a los beneficiarios de la indemnización.
Ya que el defensor Carlos Negret, regresó de su viaje a Nueva York en búsqueda de recursos para su entidad, lo invito a que usted mismo se ponga al frente de este proceso y le responda a los 650 mil reclamantes, no tuvieron ellos ni una palabra de su parte en el aniversario de la avalancha. Por otra parte, invito a la Defensoría del Pueblo a cumplir el compromiso de iniciar las notificaciones a los beneficiarios este mes de octubre, una vez haya contratado a la Universidad Nacional para este fin, pero además de esto plantee una mesa de seguimiento al cronograma en la que la comunidad afectada participe abiertamente, esa comunidad a la que invadió la basura todos nosotros, y no al contrario, es la que tiene el derecho de recibir de primera mano la información del proceso.
Aquí seguiré y debemos seguir todos, haciéndole seguimiento a este tema hasta que las víctimas sean reparadas y el relleno sea cerrado para proteger la vida y el ambiente de todos los bogotanos.