Una de las más interesantes propuestas de Iván Duque durante la campaña fue sin duda alguna la idea de reformar la ‘justicia’. Muchos votamos convencidos de Duque porque lograría consensos en pro de dicha reforma. La situación actual de falta de eficiencia y eficacia de la administración de justicia radican no solamente en la falta de mecanismos idóneos para la resolución de conflictos, que en su mayoría no requieren intervención del aparato judicial, lo que ha llevado a la congestión judicial, creada desde luego por el número exagerado de procesos que tienen los funcionarios de la Rama Judicial y que también podríamos denominar corrupción.
PUBLICIDAD
Podríamos afirmar que la congestión judicial y la falta de resolución oportuna de los conflictos de los ciudadanos en los tribunales es una modalidad de corrupción, circunstancia que ha llevado a altos índices de impunidad y falta de idoneidad en muchas de las decisiones judiciales que poco a poco conocemos. Para la muestra podríamos citar el ejemplo de la sentencia del Consejo de Estado que condena a la nación por el atentado con carro bomba terrorista a manos de la banda ‘altruista y filantrópica’ Farc, o por ejemplo las decisiones judiciales internas que mal lograron condenas millonarias con mentiras a cargo de nuestros impuestos.
Un claro ejemplo de lo anterior fue la condena por la masacre de Mapiripán, en donde fueron indemnizados familiares de supuestas víctimas de asesinato con sumas millonarias, pero después de verificaciones y pesquisas se logró demostrar que así como hay falsos testigos en los procesos, también hubo en el caso de Mapiripán falsas víctimas. Necesitaríamos 200 años y quizás más para mencionar cientos de errores judiciales que en el mejor de los casos indemnizan perjuicios con el erario, en otros casos acaban vidas y familias con personas privadas de la libertad de manera injusta, persecuciones judiciales que parecen más tretas de mafiosos, y así mil y mil casos.
Las reglas de la experiencia a veces nos permiten conocer por la propia circunstancias de injusticia, en otras, a veces nos las cuentan y quedamos atónitos. He conocido casos, para citar solo dos ejemplos, en donde abogadas sancionadas sin tarjeta profesional vigente litigan y trafican simpatías para sacar menores de nuestro país, en la Rama Judicial las conocen y la justicia no ha llegado aún a ellas. ¿Cuántas familias fracturadas por unas bellacas de ‘altos quilates’ como estas? También es increíble pensar que en Colombia no hay un solo directivo de Odebrecht con medida de aseguramiento, pero sí personas incautas que por desarrollar su objeto empresarial e incluso familiar se encuentran privadas de la libertad injustamente.
Me parecen muy buenos los esfuerzos de Iván Duque por reformar la justicia que tenemos y que no nos merecemos; apoyamos todo esfuerzo del Gobierno que busque eliminar la corrupción y que logre una justicia de verdad, eficiente, eficaz, con celeridad, transparente, desprovista de ideologías políticas y nutrida de juristas menesterosos y transparentes. Pero, presidente Duque, ni por el forro se le ocurra tocar la tutela, recuerde usted que este es el mecanismo que los más débiles tienen para defender sus derechos fundamentales, y coartarlo no solo aportaría usted un valor agregado a la falta de justicia, sino también nutriría tristemente a generar más barreras al ciudadano para el acceso a la justicia, todos los jueces son constitucionales y competentes para conocer una tutela y eso no se puede desconocer.
Corolario: importante incluir en la reforma un mecanismo que garantice el debido proceso y la defensa técnica en casos de intervención y posesión de las superpoderosas, eso fomentaría menos recelos en el empresariado y garantizaría seguridad jurídica al emprendimiento y a la generación de riqueza.