Los botines…

Por Guillermo Rodríguez

Esta semana se conoció lo que sería para muchos algo nuevo, o como diría el jefe de Estado: “Me acabo de enterar”. Aquello que era un secreto a voces en todos los círculos sociales salió a flote por cuenta de unas probables grabaciones que la DEA entregó a la Fiscalía colombiana, en aras de dar efectos a los convenios bilaterales de cooperación judicial, según se conoce y por información de dominio público, en múltiples conversaciones entre el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y su socio el abogado Pinilla, en las que mencionan su capacidad de comprometer a expresidentes de la Corte Suprema de Justicia con asuntos no tan propios de la técnica judicial y al derecho a la defensa que le asiste a todo ciudadano.

Los expresidentes de la Corte Suprema envueltos en el escándalo, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, los cuales estarían probablemente vinculados estrechamente con conductas consumadas para afectar el rigor e integridad de la administración de la justicia, pues se dice que dentro de las conversaciones se hace relación a solicitudes de dinero para desviar y cometer conductas torticeras con la administración de justicia, con el ánimo de favorecer al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Desde septiembre de 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe, se conocieron muchas conductas de la Corte Suprema que afectaron de manera grave el proceso de paz que llevó a cabo de manera exitosa ese Gobierno.

En 2007 Álvaro Uribe, de manera tajante y acertada, manifestó que los magistrados en la Corte Suprema de Justicia se movían con sesgos ideológicos, asunto que era obvio, pues la Corte limitó la posibilidad a los grupos que estaban desmovilizándose de reconocerles su ánimo sedicioso, que no era más que, en la práctica, el ánimo de sustituir en algo actividades propias del Estado. Basta recordar cómo en ese mismo año, a mediados de octubre, se conoció que un magistrado de la Corte ofreció beneficios jurídicos a un desmovilizado, alias Tasmania, para que lo involucrara a él en un crimen, asunto que desde luego prendió las alarmas al Ejecutivo.

En medio de toda la tormenta que sucedía por esos días, en donde se judicializó la política y se politizó la justicia, se conoció al polémico ciudadano italiano Giorgio Sale, el cual pagó una condena en Italia por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, personaje que tenía estrechos vínculos con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues por información de dominio público se conoció que posiblemente Sale le había obsequiado un reloj Rolex al magistrado Yesid Reyes, y artículos para una finca al magistrado Carlos Isaac Nader, también los famosos y probados botines que el condenado italiano le había regalado al magistrado José Alfredo Escobar.

Todo lo anterior fue escándalo nacional, como también los parrandones a los que asistían magistrados de la Corte Suprema, por cuenta de “empresarios de alto riesgo”, fuera de Bogotá y en aviones privados, por ello en abril de 2008, en medio de la crisis institucional y la falta de credibilidad en la justicia, Uribe propuso crear un supertribunal para juzgar a magistrados, congresistas e incluso al propio presidente de la República, en razón que había indicios probados de que existía una “justicia selectiva”; por ello este nuevo hecho de corrupción que involucra a expresidentes de la Corte Suprema evidencia una necesidad nacional, una constituyente por la justicia en la que no haya cabida a botines que enrarezcan la digna administración de justicia.

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