El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo en una rueda de prensa que entre los detenidos que hacen parte del cartel de «Los tutelantes» hay «testigos falsos, abogados litigantes de alto prestigio, servidores públicos de alcaldías municipales (…), personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)», entre otros.
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Todos los detenidos fueron capturados en Cali y en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, del que es capital.
La voz de alerta sobre la corrupción judicial en el sistema de administración de penas se prendió luego de que la Fiscalía desveló los graves hechos de corrupción en el departamento del Meta.
En esa oportunidad, la Fiscalía evidenció que una red criminal al servicio de la delincuencia organizada, compuesta por servidores públicos y particulares, ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad provisional o definitiva, así como detención domiciliaria a delincuentes.
Según el fiscal Martínez, la operación contra «Los tutelantes» permitió mostrar «en toda su plenitud la debilidad institucional existente y hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado permearla».
La investigación descubrió que esa estructura criminal hizo pagos a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras.
Martínez explicó que abogados contactaban a personas que estaban en cárceles para ofrecerles sus servicios y obtener el traslado ilícito a otras prisiones «donde recuperan la libertad a su antojo».
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Para lograr su cometido, los abogados presentaban tutelas (recurso de amparo) sustentadas con documentos falsos a través de las cuales se les concedían a los detenidos el traslado a cárceles municipales y de menor seguridad.
La mayoría de las personas favorecidas purgan penas o medidas por delitos como concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados o lavado de activos.
«La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado o son personalidades públicas», dijo Martínez.
Las investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases cuyas conclusiones se conocerán en el curso de las próximas semanas, añadió el jefe del ente acusador.
«No podemos permitir que la integridad de la justicia y la eficacia de las penas, queden en entredicho por la actividad de unos pocos», sentenció Martínez.
