Disidencia de las Farc, ¿el nuevo problema del país?

Recientemente este grupo de guerrilleros que no se acogió al proceso de paz con el Gobierno ha incrementado sus ataques.

Por María Esperanza Arias Herrera

Como casi siempre ocurre después de la firma de un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, o del desarme de alguna milicia, un nuevo capítulo sobre el conflicto se escribe con los disidentes de las Farc.

En este caso, ellos no serán la excepción. La disidencia de esta guerrilla se ubica, en su mayoría, en el sur del país, donde históricamente ha tenido mayor presencia y control sobre las rutas del narcotráfico.

Precisamente sería este último punto el que habría motivado a ciertos guerrilleros, sobre todo los que tenían algún grado de poder, a separarse del proceso de paz que se logró pactar en La Habana durante cuatro años.

Para Jorge Restrepo, analista y director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflictos (CERAC), claramente la disidencia de las Farc representa un problema para el país, que se ha declarado en tiempos de posconflicto.

“Ellos (los disidentes) rompen con la unidad dentro de la guerrilla y producen algunos riesgos, como la seguridad en las zonas donde se concentran, y quienes se oponen al acuerdo usan el ejemplo de la disidencia para criticar la paz”, explicó Restrepo a este medio.

Hasta el momento, han sido varias las ocasiones en las que estos guerrilleros han justificado su disidencia con un argumento político. Sin embargo, las ansias de protagonismo y el negocio que hay detrás de los cultivos de coca sería lo que realmente los motiva a seguir alzados en armas.

Esto lo confirman las recientes acciones que han protagonizado, especialmente el frente primero de las Farc comandado por ‘Gentil Duarte’, en el Guaviare. Como el secuestro de Herley López, el funcionario colombiano, miembro de la ONU que trabajaba en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Guaviare.

La semana pasada se supo del secuestro de dos campesinos en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, y en la misma fecha se conoció de la detonación de un artefacto explosivo en San José del Guaviare durante el paso de un camión militar, que afortunadamente no dejó militares ni civiles heridos, pero sí daños en viviendas.

Además, a la disidencia del frente primero se le atribuye el reclutamiento forzado de menores y la amenaza a campesinos para que no acepten la sustitución de cultivos.

Por los anteriores hechos, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, visitó el departamento del Guaviare para verificar la situación en la zona y exigir la liberación del funcionario de la ONU sin condiciones, debido a que los disidentes que lo tienen en su poder habían pedido al Gobierno que “se materialice el plan de desarrollo que solucione el problema social y económico de los campesinos y cultivadores de coca”; aunque esto sería precisamente lo que el Gobierno está desarrollando en la zona.

Pero también piden otra cosa: el cese de las operaciones militares en una zona del país para entregarlo a una comisión de la ONU.

Lo preocupante es que el Gobierno aún no ha hecho un pronunciamiento contundente sobre la disidencia y las veces en las que se refieren a ellos son tratados simplemente de “bandidos”.

El director del CERAC aseguró que, aunque se trata de un grupo pequeño, no se le debe restar importancia.

“No podemos juzgar a esta guerrilla o a ninguna otra por lo que dicen, sino por lo que hacen. En este caso, es un grupo que hasta ahora ha hecho cinco acciones violentas, tres de las cuales han sido con el uso de explosivos, dos han sido secuestros y ha estado en un combate. Y ha hecho todo esto en cuatro meses, desde que se declararon en disidencia”, indicó.

Aunque casi la mitad de la disidencia decidió volver a las zonas veredales y en la actualidad se trata de un grupo pequeño, que tiene baja capacidad, Restrepo insistió en que siguen representando una situación de riesgo.

Pero algo distinto opina Luis Eduardo Celis, asesor de la Redprodepaz y especialista en temas de paz y posconflicto.

“No creo que sean una gran amenaza, no creo que sean grandes estructuras. Por supuesto son personas con experiencia en la lucha armada, en el conflicto, en el control de territorios. Entonces, es un tema que el Gobierno tendrá que afrontar rápidamente”, aseguró Celis a Publimetro.

Aunque esto no significa, para Celis, que no lleguen a ser un gran problema a futuro.

“Las disidencias de las Farc realmente son unas estructuras pequeñas que están fundamentalmente motivadas por un tema de recursos y son un reto ante el Estado poder controlarlas”. Eso solo se podrá, según Celis, implementando un programa de desarrollo del territorio.

“Creo que, igualmente, las Farc tendrán que repensar sus territorios con una acción de desarrollo rural, de participación en el Guaviare, en el Meta, o donde puedan estar, y lograr superar esa dificultad”, agregó.

Impacto en la sociedad

Todas estas situaciones que ponen en riesgo a la población civil, así como lo ha confirmado la Defensoría del Pueblo en diferentes informes, hacen pensar que las disidencias de las Farc son el nuevo problema al que el Gobierno tendrá que hacerle frente en el posconflicto.

“En estas zonas la disidencia de las Farc reanudó los reclutamientos forzados de menores de edad, restringió la entrada y salida de habitantes, visitantes, ONGs e instituciones del Estado”, señaló la entidad.

Por lo pronto, las Fuerzas Militares ya lograron dar el primer golpe a este grupo, dando de baja a dos altos mandos del frente primero, como lo son el jefe de finanzas, identificado como Mauricio de Jesús Medina, alías ‘Morrudo’, y José Jairo Garzón, alias ‘JJ’, miembro de su equipo de seguridad.

Ambos fueron asesinados en Caquetá, durante una operación que realzó el Gaula de la Policía Nacional.

“Es el primer combate de fondo que se hace con disidencias de las Farc y prueba que la inteligencia que estamos recibiendo es la correcta”, afirmó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

La solución

Aunque para algunos la disidencia se tiene que combatir con el uso de la fuerza, un análisis hecho por Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que el Estado puede lograr reincorporar a estos grupos elaborando estrategias que incluyan una dimensión social completa que vaya más allá de los incentivos económicos.

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