Las Farc no cuentan con un plan que no sea el de la paz y cumplirán lo acordado con el Gobierno colombiano en la negociación para poner fin al conflicto porque su palabra «es seria», explicó en una entrevista con Efe Félix Antonio Muñoz, alias «Pastor Alape», considerado el número tres de esa guerrilla.
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«Este proceso desde el inicio ha venido mostrando que de nuestra parte hay todo el compromiso para cumplir los puntos, cada párrafo y cada letra de lo acordado», dijo durante un receso de la Décima Conferencia Nacional Guerrillera en la que se espera que las Farc ratifiquen el acuerdo de paz y anuncien que dejan las armas.
En este sentido, «Alape» señaló que son muy claros y van a cumplir con los compromisos adquiridos en los acuerdos que les llevará a su desaparición como grupo armado ilegal porque «la palabra de las FARC es seria» pese a los recelos que levantan entre la sociedad colombiana.
Preguntado por la reparación a las víctimas, uno de los puntos del acuerdo rubricado el pasado 24 de agosto tras casi cuatro años de diálogos de paz, dijo que el Estado es «el primer responsable y debe asumir todo el proceso de reparación».
«Ahora no tenemos recursos financieros (para la reparación), pero tenemos todo el recurso humano, todas las energías (…) para entregarle a este país en la reconstrucción y en la reparación», comentó.
Por todo ello, «Alape» dijo que «por ética» están «comprometidos en todas las acciones reparadoras» que les corresponden, y asegura que entre sus preocupaciones está el hecho de que el Estado «históricamente se ha caracterizado por sus incumplimientos».
«Quiero reafirmar, creemos firmemente en la voluntad de los ciudadanos de Colombia, que la ciudadanía va a ir aferrándose a estos acuerdos y va a movilizarse porque se ejecuten en la práctica y se cumplan, esa es la esperanza que nos acompaña firmemente», agregó.
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«Alape», quien prefiere ese nombre antes que el Muñoz de su familia, dijo que la mala imagen que acompaña a las Farc se debe a que «se ha desarrollado una gramática estigmatizadora» de lo que son y lo que hacen.
«Siempre fuimos bandoleros, terroristas y se usaron las frases estigamtizadoras para condenar nuestras acciones. Viene un proceso en que tenemos que legitimarnos todos los que tenemos el corazón abierto para poner a disposición del país nuestra habilidad, conocimientos y decisión de paz», señaló.
Sobre el exterminio que sufrió el partido político de izquierdas Unión Patriótica (UP) entre los 80 y los 90, y el temor de que pueda repetirse tras su desmovilización, señaló que no le gusta «pensar de esa manera».
En su opinión, en Colombia los ciudadanos han «sufrido bastante» las etapas de violencia y hoy todos desean superarlas.
«Alape» se refirió también a las 20 Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) y los ocho campamentos donde las FARC se reunirán como paso previo a la desmovilización y la dejación de armas, proceso del que dijo que ya ha comenzado pero que es complejo porque, aparte de que no había claridad en las fechas de inicio, requiere de diferentes verificaciones.
«Aquí lo importante no es agarrarnos a una fecha, este proceso nos ha demostrado que cada (vez) que establecemos una fecha nos desarticula el proceso; lo importante es que el país sepa y tenga la seguridad de que vamos en esa dirección, que los acuerdos de paz son irreversibles», subrayó.
También respondió a sus expectativas con el resultado del plebiscito en el que los colombianos deben ratificar el acuerdo de paz y señaló que no le gusta trabajar con hipótesis, pero que las Farc no tienen un plan B en caso de que gane el «no» en la consulta.
«Todo lo que ha venido manifestando el país indica que mayoritariamente el país se va a desbordar por el ‘no a la guerra’, va a decir ‘no más guerra'», destacó.
«Alape», que está solicitado en extradición por Estados Unidos por sus presuntas actividades en el narcotráfico negó esa acusación y aseguró que ninguno de los miembros de las Farc será llevado a ese país para ser juzgados una vez se firme la paz.
El acuerdo prevé un mecanismo de justicia transicional que incluye «penas privativas de la libertad» de hasta ocho años y solo para los delitos que infrinjan el Tratado de Roma, como los de lesa humanidad, tortura, reclutamiento de menores o abusos sexuales, entre otros.
El resto de guerrilleros serán amnistiados con base en un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso.
Preguntado por si los mandos podrían ser condenados por la responsabilidad de sus subordinados dijo solo que la «Jurisdicción Especial para la Paz plantea que la responsabilidad es colectiva».
La Décima Conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que comenzó el pasado sábado, debe tomar una decisión definitiva sobre el acuerdo de paz el próximo viernes y, hasta el momento, han mostrado una fuerte unanimidad al respecto.
