Un receso de la Sala Plena del Consejo de Estado en el que se discute la posibilidad de la anulación en la elección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dio lugar para que el jefe del ente acusador mandara un último argumento para intentar salvar su puesto.
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Ordóñez recusó a Rocío Araújo, la magistrada ponente del caso en el que se decide si el Procurador fue o no beneficiario de un caso en el que varios familiares de magistrados de la Corte Suprema y representantes al Senado fueron contratados en la Procuraduría a cambio del apoyo a su reelección en 2013.
De acuerdo al jefe del Ministerio Público, es «grave» que no se evalúen las actuaciones irregulares de la magistrada Araújo antes de tomar una decisión en su caso, que de ser fallado en su contra terminaría retirándolo de su cargo.
«La apertura del proceso disciplinario pone en evidencia la altísima probabilidad de las irregularidades que se han presentado en el trámite de la demanda, en virtud de la actuación cuestionable y ya judicializada de la magistrada Araújo Oñate», dice la comunicación de la Procuraduría.
Esta actuación correspondería, según Ordóñez, a un «inequívoco interés» de la magistrada ponente de fallar el caso sin ceñirse a la Constitución, sino movida por «intereses subjetivos» que la beneficiarían en caso de que la sentencia se falle en contra del Procurador.
Esta es la tercera medida que el Procurador ha ubicado en los últimos dos días para tratar de frenar una decisión en su contra que, debido a la necesidad de estudiar la medida, se tomaría el próximo jueves.
Los recursos anteriores, contra los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Alberto Yepes, fueron rechazados por el alto tribunal debido a presuntas irregularidades cometidas que son motivo de investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
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