El acuerdo de La Habana y su implementación por medio del Acto Legislativo de la Paz han empezado a atraer todo tipo de demandas de opositores a la negociación, la primera de las cuales ya fue aceptada por la Corte Constitucional.
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Esta demanda presentada ante el alto tribunal por el ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 Jesús Pérez González, pide tumbar los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo por la Paz al considerar que son irreconciliables con la Constitución.
Según la demanda, conocida por Caracol Radio, la aprobación de leyes de la República en cuatro debates en vez de los ocho exigidos por la Constitución mediante el llamado «fast track» hace que las leyes aprobadas estén viciadas por «improvisación y ligereza en el análisis que viene caracterizando la producción normativa del Congreso en el último cuatrienio».
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Así mismo, la decisión de acelerar las normas relativas al acuerdo de La Habana mediante la aprobación de una ley hace que esta decisión constituya una sustitución que se escapa a las competencias del Congreso de la República.
Lo mismo ocurre con la formulación de decretos con fuerza de ley durante los seis meses posteriores a la aprobación del plebiscito por la paz, que según la demanda da la capacidad al Gobierno de asumir cargos que corresponden formalmente al Congreso de la República.
Al mismo tiempo, el director del Centro Democrático y jefe de la campaña por el «no» en el plebiscito, Oscar Iván Zuluaga, afirmó que una nueva demanda de su colectividad contra el Acto Legislativo por la Paz se presentará la próxima semana.
«Hicimos un proceso de recolección de firmas en las semanas pasadas con ese propósito, y vamos a denunciar ante la comunidad internacional los puntos que son graves en materia de violación de las mismas normas del derecho internacional», aseguró Zuluaga.
Las críticas del Centro Democrático son las ampliamente conocidas sobre temas como la falta de cárcel para delitos atroces, la presunta falta de justicia al no realizarse este proceso, y el presunto irrespeto de los acuerdos a la Constitución.
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PUB/JMR