Los familiares de dos uniformados de la Policía Nacional que fallecieron en la toma y retoma al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, presentarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de investigaciones del Gobierno Nacional en este caso.
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Los demandantes aseguran que los miembros del M-19 que efectuaron la toma al Palacio de Justicia no han sido juzgados adecuadamente, recibieron un indulto y amnistía por el cargo de rebelión y quedaron exentos de responsabilidades penales.
En la demanda se señala a funcionarios del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) como responsables del indulto y amnistía que impidió el inicio de una investigación adecuada a los responsables de la toma del Palacio.
Cabe recordar que el M-19 se sometió a la ley de indulto 77 de 1989 contra delitos políticos, la cual condujo a la firma de la paz en 1990, y que se consolidó con una amnistía e indulto que incluían delitos atroces, impulsados en 1992 por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez.
A pesar de esto, en noviembre de 2015, un grupo de familiares de policías muertos en el operativo pidió a la Fiscalía la revisión de la ley de indulto de 1992, con lo que exmiembros del M19 como los senadores Antonio Navarro y Everth Bustamante podrían quedar expuestos a un juicio por la toma al Palacio.