La directora de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, denunció que detrás de las miles de tutelas, demandas y otros procesos penales en contra de la Unidad de Víctimas existe un «Carrusel de Abogados» que busca lucrarse con los recursos de la entidad, revictimizando a los afectados por el conflicto armado.
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Según Guillén, la Unidad de Víctimas ha recibido cerca de 250.000 tutelas, y que un grupo de abogados inescrupulosos ha obtenido el poder de las víctimas para imponer más procesos contra la Nación. «Son esos abogados y no las víctimas las que se van por las diferentes vías y se quedan con esas indemnizaciones», aseguró.
La situación es preocupante debido a que para 2018 podría haber más de 600.000 demandas acumuladas, y de hecho la exdirectora de la Unidad de Víctimas y actual Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia, Paula Gaviria, enfrenta 9000 fallos en su contra y un embargo por $480 millones.
Mientras tanto, las víctimas más vulnerables, que no tienen dinero para poder pagar un abogado, se van quedando «en la cola de la fila» porque las órdenes judiciales dan prioridad a quienes tienen la capacidad económica para pagar asesoría jurídica.
Estas cifras son preocupantes con la firma de un acuerdo de paz con las Farc acercándose, ya que el total de víctimas del país está estimado a 8 millones de personas y los recursos del Estado son finitos.
Guillén le presentó esta información a la Corte Constitucional, hasta donde llegan la gran mayoría de estos procesos, y solicitó a los jueces de la República que consideren cómo van las reparaciones antes de fallar en contra del Estado.
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