El pasado jueves, el exministro de Justicia y de la Presidencia Néstor Humberto Martínez levantó una polémica por su propuesta de que la violencia intrafamiliar sea retirada del ámbito penal como una alternativa para colaborar a la descongestión de los juzgados a nivel nacional.
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La propuesta levantó una gran polémica entre expertos constitucionalistas y analistas de derecho, que consideraron que esta decisión podía provocar una despenalización del maltrato a dos grupos vulnerables como lo son las mujeres dependientes económicamente de su pareja y los niños.
Este miércoles, un estudio de la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre la situación que demuestra una violencia excesiva contra los niños, tanto dentro como fuera de sus hogares, y lo peor: una sensación de desidia que impide un reporte adecuado de los casos.
La Defensoría presentó esta alerta luego de la captura de una pareja sindicada de maltratar hasta provocar la muerte a su bebé de 8 meses el pasado abril, en la localidad de Engativá, y la muerte de otro bebé de 15 meses al caerse de una habitación de un hotel en Cali por un aparente descuido, ambos casos registrados este martes.
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Según cifras de la entidad, más de 2000 casos de maltrato infantil denunciados este año apuntan a que los responsables son los propios padres: un 63% de los 3198 casos que Medicina Legal registró entre enero y abril del año en curso. 307 casos habrían sido provocados por el padrastro de los menores, y 177, por los hermanos.
Ante esta situación, una propuesta como la de Martínez, planteada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en medio de su candidatura para Fiscal General de la Nación, es una muestra de la indiferencia social que la Defensoría considera urgente superar.
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El ente de vigilancia recordó que los casos de maltrato no requieren de un proceso judicial para que intervengan los defensores y comisarios de familia cuando pueda estar comprmietida la vida y la integridad de los menores de edad.
«Es deber de todo ciudadano, vecino, familiar, conocido, cuidador, vigilante y demás, y denunciar esta clase de atropellos, que como en el caso de Engativá pueden derivar en la muerte de niños, niñas y adolescentes», recalcó la Defensoría.
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