La sala plena de la Corte Constitucional determinó que la ley de Rosa Elvira Cely que sancionó el presidente Juan Manuel Santos en julio de 2015 se ajusta a las normas constitucionales al consagrar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y las acciones violentas contra las mujeres.
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La Corte Constitucional hizo un acondicionamiento a la ley para que las sanciones sean aplicadas para cualquier tipo de violencia de género.
La ley establece que una persona que cometa actos violentos contra la mujer por motivos de género o discriminación podría enfrentar penas de hasta 50 años de prisión.