Una cadena de asesinatos de personas dedicadas al cambio de divisas en Cúcuta (Norte de Santander) prendió las alarmas sobre la situación de la ciudad limítrofe, seriamente afectada por el cierre de la frontera con Venezuela, que lleva nueve meses.
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La serie de asesinatos ha causado que los defensores de derechos humanos de la localidad lancen una serie de advertencias sobre la probabilidad de que las bandas criminales como el ‘Clan Úsuga’ estén tratando de tomarse una ciudad en crisis por el deterioro de la situación en Venezuela, que ha causado el cierre de unos 2000 establecimientos.
Según el alcalde de Cúcuta, César Rojas, la ciudad «no resiste más desempleo e informalidad, la carencia de presupuesto y, sobre todo, que esto puede ser mayor que cuando se expulsó a los colombianos» en el inicio del cierre de frontera, en agosto y septiembre del año pasado.
Los índices del Dane demuestran que la tasa de desempleo en Cúcuta es del 17%, pero la informalidad está por encima del 70%. A esto, los asesinatos de cambistas de divisas se le suma como una nueva medida de riesgo para la ciudad, que pide desesperadamente una negociación para reabrir el paso fronterizo.
Por su parte, la Cancillería envió una comisión a Cúcuta para reunirse con el gobierno regional y local, con el fin de disminuir el impacto del cierre de frontera. Se trataron temas de acceso a salud y educación, contrabando y cruces ilegales, y el ingreso de cada vez más personas por las «trochas» a territorio colombiano.
Así mismo, las autoridades locales pidieron a la Cancillería que el presidente Juan Manuel Santos, junto con el Departamento de la Prosperidad Social, Gestión de Riesgo y el Ministerio de Hacienda diseñen un plan de contingencia para manejar una posible emergencia derivada de la crisis política y social en Venezuela.
