“El Consejo aprobó que la emergencia fuera hasta diciembre y habrá más reuniones para revisar el avance de los acuerdos, hay que hacer una autocrítica”, indicó el Ministro de Justicia.
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Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo había anunciado que presentaría una queja disciplinaria contra el gerente del Fondo de Salud para las Cárceles, Mauricio Uregui Arquino, por considerar que la crisis humanitaria en las penitenciarías «está tocando fondo», sin que se hayan adoptado medidas para solucionarla.
El organismo defensor manifestó que la tasa de asistencia en las cárceles del país es de un médico por cada 496 internos y que según reportes de 134 de las prisiones, más de 55% de ellas no cumple con el suministro de medicamentos.
Además, 83% no hace aprovisionamiento de insumos médicos y 88 % no acata los protocolos para la recolección de residuos hospitalarios.
«Va en detrimento de la salud, la integridad y la dignidad de casi 10.000 pacientes oficialmente registrados (sin contar aquellos que no están identificados ante la precariedad del sistema)», dice la información.
De igual manera la Defensoría constató que en gran parte de los establecimientos carcelarios, el personal médico contratado por el Fondo no ha recibido el pago de sus honorarios.
El Consejo directivo del Inpec y el recién posesionado Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, decretaron emergencia carcelaria debido a los problemas en la prestación de servicios médicos en 74 establecimientos carcelarios, para lo cual anunciaron una serie de medidas.
Esta decisión se dio en una reunión del Consejo Directivo, donde el ministerio reportó que están siendo afectados 611 internos con VIH, 89 con cáncer, 1.112 con diabetes e insulinodependientes, 188 con EPOC y 2884 reclusos psiquiátricos.
Entre las medidas, se le otorgará facultades especiales al Instituto Penitenciario y a la Unidad de Servicios Peniteniarios USPEC. Además, de forma transitoria se realizarán brigadas especiales de salud con el acompañamiento de una red de apoyo social.
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“El Consejo aprobó que la emergencia fuera hasta diciembre y habrá más reuniones para revisar el avance de los acuerdos, hay que hacer una autocrítica”, indicó el Ministro.
Londoño también dijo que se van a acondicionar todas las unidades sanitarias de las cárceles del país, con medicamentos y personal capacitado para atender a los internos.
Por otro lado, se harán modificaciones al manual de funciones del Inpec para que profesionales de la salud, que laboran en áreas administrativas de la entidad, puedan atender a los reclusos.
