La senadora Claudia López presentó ante el Senado de la República serias acusaciones que apuntarían hacia un presunto «carrusel electoral» en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual ha impedido reformas como el voto electrónico, además de costarle más de 800.000 millones de pesos a los colombianos.
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En el marco de un debate de control político sobre el sistema electoral, López advirtió que la Registraduría terceriza el 90% del proceso electoral en seis grandes contratos: manejo de kits electorales, tarjetones y envío a los puntos de votación; preconteo y digitalización de los votos; escrutinio; transmisión y envío de los datos por Internet; inscripción de cédulas de ciudadanía, y la plataforma tecnológica necesaria para las elecciones.
La congresista del Partido Verde dijo que los contratos para realizar esta tercerización fueron asignados “a dedo, con un único oferente”, y destacó que cuatro de esos contratos fueron entregados a uniones temporales lideradas por una misma empresa: Thomas Greg & Sons, los cuales habrían representado el 80% de la contratación electoral, unos $690.000 millones.
Uno de estos contratos, firmado con una unión temporal para dotar a las mesas de tarjetones, sobres, actas, certificados electorales y demás elementos de kit de mesa incluyó la impresión de más de 120 millones de tarjetones en las elecciones locales de 2015, además de los kits de mesa, de capacitación y material para las mesas, por un valor de casi $138.000 millones.
Según López, los contratos de Thomas Greg & Sons tienen relación directa con la presencia del presidente Juan Maneul Santos en la junta directiva de la empresa hasta 2006, cuando fue nombrado Ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. “A partir de 2010, la contratación de esta empresa creció vertiginosamente”, dijo la senadora.
“Es evidente que la contratación, desde que llegó Santos a la Presidencia, pasó de $80.000 millones a más de $690.000 millones. Esto tiene que explicarlo, más cuando se trata de los amigos de Santos, con los que juega golf”, agregó,
La congresista afirmó que estos contratos serían la representación de por qué Carlos Ariel Sánchez, como registrador, no dio avances en la implementación del voto electrónico, la cual ha sido pedida por el Congreso desde 2011, y afirmó que el Registrador, Juan Carlos Galindo, debe responder por el tema.
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Respuestas del CNE y la Registraduría
Las acusaciones de López no fueron bien recibidas por la Registraduría. Su director, que había pedido durante el debate que se realizara un censo electoral desde ceros para acabar el trasteo de votos (ver recuadro), se defendió asegurando que la contratación se realiza de acuerdo con las obligaciones legales.
Galindo, en diálogo con La FM, aseguró que la contratación tiene exigencias importantes debido a su tamaño y su complejidad, para evitar problemas que pongan en riesgo los problemas electorales. “Ha habido procesos apegados al ordenamiento jurídicos, con exigencias que tienen que ver con la experiencia, con el cumplimiento de condiciones técnicas”, explicó, y añadió que los procesos han sido acompañados por la Procuraduría y la Contraloría.
Por su parte, el magistrado del CNE Armando Novoa apoyó la propuesta de López, asegurando que los procesos de contrataicón de la Registraduría son “opacos y sin control” y pidiendo una reforma a los procesos electorales.
“El CNE se convirtió en un apéndice de los partidos y un ente subordinado a la Registraduría Nacional. En esta entidad los procesos administrativos son opacos y sin control. Esta situación hace inoperante el control de los procesos electorales”, afirmó el magistrado.
Novoa pidió que se impulse el voto electrónico, afiermando que se permitiría con esto conseguir elecciones más limpias, sin papeleo ni manipulación de escrutinios. “Sus costos pueden ser altos, pero los beneficios son inocultables a mediano y largo plazo”, dijo.
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