La Procuraduría General de la Nación cuestionó la «falta de coherencia» de las autoridades al momento de tramitar una licencia ambiental, luego del escándalo desarrollado alrededor de la licencia revocada el pasado martes a Hupacol en la Sierra de la Macarena.
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En una carta que envió al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales señala la preocupación porque parte de las problemáticas en el medio ambiente nacional están causadas por la «falta de unidad, cohesión y articulación» al interior de las entidades públicas.
Esto hace que choquen los intereses de las entidades interesadas en visibilizar los problemas ambientales de proyectos, obras o actividades de desarrollo económico con sus impulsores, en especial en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, única entidad aprobada para emitir las licencias.
Esto es más grave en el caso de una licencia ambiental, pues es una herramienta para impulsar el desarrollo sostenible y, «al intervenir en su trámite autoridades del orden nacional, regional y local (…), es más que conveniente la existencia de una sola línea de acción, sin que esto pueda en algo menguar la autonomía que la Ley les reconoce a unas y otras».
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En la carta, la Procuraduría le solicita a Vallejo que defina de forma definitiva si se puede realizar una actividad en un territorio, en especial si se encuentra protegido por regulaciones ambientales como las áreas de la Serranía de la Macarena.
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Cabe recordar que la decisión de revocar la licencia para la explotación en el Bloque Serranía, a pocos kilóemtros de la Sierra de la Macarena, solo fue tomada después de un intenso debate y a pesar de la oposición de Ecopetrol.
Los principales impulsores de la cancelación de la licencia fueron la gobernación del Meta, la sociedad civil y un amplio grupo de activistas, como el actor Germán Escallón, recordado por la serie «N.N.» de finales de los años 1980 y principio de los 1990.
