El equipo negociador de paz del Gobierno colombiano viaja hoy a La Habana para abrir la fase final de los diálogos con las FARC, en la que trabajarán en «sesión permanente» para acelerar las conversaciones y tratar de terminar el conflicto en la fecha prevista, el próximo 23 de marzo.
El grupo partirá desde la base militar de Catam en Bogotá para retomar mañana la actividad tras el receso navideño, durante el cual han mantenido reuniones con el presidente Juan Manuel Santos y con asesores internacionales de paz para ajustar la hoja de ruta.
«(Los negociadores) van con unas instrucciones muy claras: meterle el acelerador al proceso para que pongamos fin lo más pronto posible a este conflicto armado que tanto, tanto daño le ha hecho a nuestro país», declaró hoy Santos en una alocución en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
A partir de ahora el equipo negociador trabajará en una «sesión permanente» que terminará cuando ambas partes lleguen «al final de este proceso» y hayan acordado los puntos que todavía no han sido convenidos, según decidió Santos tras reunirse la semana pasada con sus asesores internacionales de paz.
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«Muchos temas quedan por aclarar, resolver y planear; de lo que se trata es de analizar muy bien los diferentes pasos para llegar lo más pronto posible al fin del conflicto», aseveró entonces el presidente, que instó a su equipo a «meter el acelerador».
Que los negociadores trabajen en «sesión permanente» no imposibilita que puedan regresar a Colombia en algún momento en caso de que sea necesario informar en persona a Santos o a sus ministros sobre los avances de las conversaciones.
El mandatario ha dejado claro que la intención sigue siendo firmar la paz antes del próximo 23 de marzo, tal y como las partes anunciaron el pasado 23 de septiembre, día en que el jefe de Estado y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», se dieron un histórico apretón de manos que muchos interpretaron como el inicio del fin de la contienda.
Sobre la mesa de negociaciones, que se instaló el 19 de noviembre de 2012 en La Habana, solo queda un punto por debatir del total de cinco que componen la agenda para terminar con más de medio siglo de conflicto armado.
Tras llegar a complejos acuerdos sobre propiedad de la tierra, participación política, erradicación de cultivos ilícitos y reconocimiento y reparación de los casi siete millones de víctimas que deja la contienda, queda por abordar el apartado de desarme y desmovilización de guerrilleros y el alto el fuego bilateral y definitivo.
Para ayudar a desbrozar ese punto y firmar la paz en el plazo establecido, el presidente propone lograrlo incluso antes, Santos convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para modificar la Ley de Orden Público y poder comenzar así el proceso de concentración de las FARC, fase en la que el grupo armado dejará las armas.
La reforma, que se presentará en febrero, hará posible la concentración de la guerrilla «con garantías de seguridad personal y jurídica dentro de unas zonas de ubicación que serán acordadas en esta última etapa del proceso», según informó la Presidencia.
Adicionalmente está pendiente por definir el mecanismo a través del cual los colombianos refrendarán el acuerdo final, que el Gobierno insiste en que sea un plebiscito.
Con estas iniciativas el equipo del Gobierno viaja insuflado de energía a Cuba, donde el ambiente se ha enrarecido en las últimas semanas por las acusaciones de la guerrilla sobre la presunta desidia del Estado colombiano para liberar a los 33 guerrilleros que indultó el pasado noviembre.
El asunto, que en sus inicios provocó recriminaciones en Twitter por parte de altos mandos del grupo armado, desembocó la semana pasada en un comunicado de la delegación de negociadores de las FARC en la que los subversivos insistieron en que no hay motivos «para dilatar la libertad» de sus compañeros.
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Ante estas críticas el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, negó cualquier «mala voluntad» en ese proceso y explicó que el indulto sigue los trámites legales que deben cumplirse en cualquier Estado de derecho.
