El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, sorprendió con un concepto enviado a la Corte Constitucional, según el cual la Ley Antidiscriminación sea declarada inconstitucional.
Según el concepto enviado por Ordóñez, la ley no precisa cuáles son los hechos puntuales que determinan la discriminación a afrodescendientes, indígenas, comunidad LGBTI y personas con discapacidad, a quienes busca proteger.
El Procurador asegura que esta falta de definiciones legales impide que se pueda determinar qué es exactamente “discriminación”, por lo cual, de los 74 casos de denuncias amparadas por la norma, no ha habido ninguna detención.
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Esto hace que las denuncias sean inútiles, y que las sanciones planteadas sean desproporcionadas. Para Ordóñez, los ataques contra las personas agredidas según la ley no ameritan sanciones penales o disciplinarias.
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Según el jefe del Ministerio Público, el Fiscal General Eduardo Montealegre y los congresistas de la República que aprobaron dicha ley se equivocaron al imponer un castigo “excesivo” por insultos basados en la condición sexual, racial, religiosa o convicciones políticas.
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Ordóñez destacó que desde la sanción de la norma se han presentado 54 denuncias en Bogotá, 15 en Medellín, 11 en Bucaramanga y 4 en otros lugares del país por presuntos casos de discriminación, pero ninguno ha sido judicializado.
