La Presidencia de la República anunció las bases del proyecto de la Jurisdicción Especial para la paz, el mecanismo por el cual las víctimas de las Farc serían reparadas cuando sus miembros dejen las armas al término de las negociaciones que llevan con el Gobierno Nacional en La Habana.
Según un comunicado de la Presidencia, el modelo de justicia transicional ha sido aplicado por distintos países para superar conflictos, debido a la imposibilidad de superar más de 50 años de conflicto armado con la justicia punitiva común, pero con una “innovación” colombiana.
El comunicado aclara que el modelo aplicado para las Farc surge de combinar la sanción restaurativa con restricciones a la libertad, teniendo como eje central la aplicación de justicia para las víctimas.
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Uno de los puntos clave es que no hay una amnistía general ni una ley de punto final. Los procedimientos serán personales, después del reconocimiento de cada quien de sus responsabilidades para llegar a sentencias definitivas que pongan fin al conflicto.
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Tmpoco habrá impunidad. Habrá sanciones, verificación de las sanciones y reparación. “El acuerdo de La Habana son las víctimas. La amnistía y el indulto para delitos políticos y conexos no se aplicará a los crímenes más graves”, afirma el comunicado.
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Así mismo, ratifica en la necesidad de una verdad plena, “no propia o subjetiva”, que será confrontada por el tribunal especial de paz con fuentes existentes en la actualidad y con el trabajo de jueces y fiscales. Esto implica que quienes se presenten de buena fe, reparen a las víctimas y brinden toda la verdad, podrán contar con penas más benévolas.
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Finalmente, el comunicado advierte de la posibilidad de una participación en política de miembros de las Farc, aunque no da detalles del cómo podrá realizarse ese tránsito a la legalidad.
