Colombia

Colombianas afrontan unidas la vulnerabilidad más alta de América Latina

nte el acecho de actores armados y la ausencia del Estado, la unión es la herramienta diaria de miles de colombianas para protegerse en las zonas más golpeadas por el conflicto armado donde residen las mujeres y adolescentes más vulnerables de Latinoamérica, según la ONU.

El informe «Estado de la población mundial 2015: un refugio en la tormenta», presentado hoy por el Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa), sitúa a Colombia como el país de la región con el índice más alto de vulnerabilidad, lo que atribuye al conflicto armado.

«Si comparamos, Colombia afectada por el conflicto tiene indicadores muy, muy negativos. Si comparamos a Colombia sin conflicto, sus indicadores son casi el promedio de América Latina»,
explica a Efe el representante del Unfpa en el país, Jorge Parra.

Así pues, la peor de las situaciones se vive en zonas rurales apartadas de grandes núcleos urbanos, donde los grupos armados campan a sus anchas sembrando el terror que acompaña al país desde hace más de medio siglo.

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En el 36,1 % de los municipios de Colombia, donde habita el 53,7 % de la población, hay conflicto armado, lo que se traduce en que la violencia afecta al 55,4 % de las niñas de entre 10 y 14 años del país, y al 54,5 % de adolescentes de entre 15 y 19 años.

Este informe, que por primera vez tabula estadísticas para comparar variables, tiene conclusiones demoledoras, como por ejemplo que la tasa de embarazo en niñas de entre 10 y 14 años se triplica en municipios en conflicto y se duplica en el rango de edad de 15-19 años, cuenta Parra.

El representante de la Unfpa recuerda que en los otros «temas más importantes», la violencia sexual y la mortalidad materna, las tasas se duplican con respecto a las zonas de Colombia donde no hay guerra.

Ante esta situación las mujeres se han organizado por su cuenta, como Yolanda Pérez Mosquera, una afrocolombiana de 31 años que cuando contaba apenas 11 años fue violada por guerrilleros de las FARC, sufrió un aborto y vio como asesinaron a su madre, una abrumadora experiencia de la que resurgió creando una fundación.

«Es que estar en una organización nos conlleva estar unidas. Nos conlleva saber de la otra, interesarnos por eso que hemos ido perdiendo que es el interés en el tejido social, que no nos importa lo que pase con el vecino», cuenta Pérez a Efe.

Ella, que pese a continuas amenazas trabaja constantemente en Riosucio, en el selvático departamento del Chocó, tiene claro que solo en la unión las mujeres pueden defenderse, principalmente a través del conocimiento de sus derechos.

«Primero capacitar a las mujeres sobre los derechos que tienen, porque toda la vida nos han informado sobre nuestros deberes pero ahora es enterarnos que como mujeres, y sobre todo como mujer negra e indígena, tenemos unos derechos que han sido muy vulnerados en el marco del conflicto armado», asegura.

Con una irresistible fuerza y empuje, Pérez organiza colectas entre las mujeres de su comunidad, averigua cuáles son sus necesidades e incluso monta una «brigada» para atender a los niños; cualquier cosa para facilitar la atención a las víctimas.

Pérez es una muestra de la organización femenina en zonas de conflicto, que es un grupo nutrido. «De las personas que están en las organizaciones, que están en las mesas de víctimas, el 90 % somos mujeres», afirma.

Sin embargo, a veces esa unidad puede complicarse por las raíces culturales, que exigen interactuar de determinada forma, como explica Rosalba Cabrera, enfermera de la etnia indígena embera que trabaja en una zona remota del Chocó.

«Como cultura siempre a uno le toca hablar su idioma. En la población indígena la que menos habla español es la mujer, necesariamente debe haber un traductor para entender», apunta.

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Entre la comunidad indígena, tradicionalmente asistida por las parteras, el conflicto armado hace cada vez más necesaria la concienciación sobre el uso de anticonceptivos.

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, alerta Cabrera.

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