Santos reconoce que Estado violó derechos en Palacio de Justicia y pidió perdón

Por EFE

El presidente Juan Manuel Santos, reconoció este viernes que el Estado “violó” su obligación de respetar derechos fundamentales durante la retoma militar del Palacio de Justicia ocupado por la guerrilla del M-19 hace 30 años, y pidió perdón por lo ocurrido.

“Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón” por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles a que fueron sometidos sobrevivientes del Palacio de Justicia, dijo Santos en un acto conmemorativo de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.

El Palacio de Justicia fue tomado a sangre y fuego por la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), a lo que siguió una operación militar de recuperación que dejó oficialmente 94 personas muertas, decenas de heridos y once desaparecidos.

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Según Santos, “con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”.

“Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”, agregó el presidente.

Santos intervino en un acto de rememoración del trigésimo aniversario en el que cumplió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado a pedir perdón por los once desaparecidos y castigar a los responsables.

La CorteIDH emitió el 14 de noviembre de 2014 una sentencia en la que declara “responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos” durante la retoma del Palacio de Justicia.

En este sentido, el mandatario afirmó que ningún colombiano “puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado” ni de ninguna otra persona.

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“Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y -sobre todo- el esclarecimiento de la verdad”, agregó.

Asimismo, dijo que en el recinto “se sacrificó a la Justicia” además de a sus más altos magistrados, abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio.

Entre los 94 muertos que dejó la toma estaban once magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía, quien intentó en vano que el entonces jefe de Estado, Belisario Betancur (1982-1986) ordenara un cese el fuego para salvar la vida de los casi 300 rehenes tomados por el M-19.

Por ello, Santos hizo un llamado a la paz y al perdón, así como a la reconciliación.

“De conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana, es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos”, subrayó Santos.

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“¡No queremos más desapariciones! Por eso hoy, ante los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, les digo que no vamos a descansar ni vamos a ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos”, afirmó.

Al acto, en el que estuvo presente el vicepresidente, Germán Vargas Lleras y diferentes miembros del gabinete, también acudió el ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del magistrado Reyes Echandía.

Para Reyes Echandía, y “para los demás magistrados, funcionarios y personas que fallecieron, que se encuentran desaparecidas o que fueron afectadas en su integridad personal” el mandatario tuvo un recuerdo especial.

“Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional”, señaló.

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