El procurador general, Alejandro Ordóñez, informó que en medio de una visita a la frontera el pasado viernes, el organismo fue alertado de una supuesta solicitud de información por parte de funcionarios públicos a los ciudadanos que llegaron deportados de Venezuela.
De acuerdo con el procurador, esto “denota un riesgo grande de manipulación electoral con las ayudas que puedan estar recibiendo. Son informaciones que debemos verificar, pero estaremos muy atentos a neutralizar esas gestiones que son abiertos delitos electorales”.
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Por su parte, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien también se pronunció sobre este hecho, afirmó que espera que se denuncie con nombre propio de los candidatos, dirigentes políticos o servidores públicos que están intentando “pescar en río revuelto”, informa El Tiempo.
Además, aseguró que de ser confirmado que las denuncias son ciertas, se tomarán las medidas y si son servidores públicos, serán sancionados.
Las alertas de este tipo de caso, según Cristo, se encendieron desde el primer momento ya que la crisis en la frontera se generó en plena época electoral.
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Y aseguró: “Curiosamente durante todo este tiempo no tuvimos esas denuncias, cuando había más gente en los albergues, cuando la situación era un poco más complicada. Ahora que se ha venido reduciendo la presencia de personas en los albergues pues sería lamentable que se presentara esa situación”.
Por otro lado, fue anunciado que la próxima semana se pasará de 18 albergues a uno solo.