Acuerdo de La Habana versus Ley de Justicia y Paz: similitudes y diferencias

Una comparación entre el acuerdo de paz que se negocia con las Farc y el que se firmó con las AUC indica muchos parecidos, pero también intentos de corregir los errores más graves.

Por Juan Manuel Reyes - Publimetro
Pastrana: “el narcotráfico es el delito de las Farc”

El expresidente Andrés Pastrana se mostró preocupado por la posibilidad de que las Farc pidan entre la amnistía de delitos “conexos” a los políticos al narcotráfico.

“El narcotráfico no puede ser catalogado un delito conexo, es el delito principal de las Farc”, dijo, e insinuó que una reparación completa debe entregar, entre otras cosas, el fin del cultivo y venta de drogas por parte de sus miembros.

“¿Las Farc nos van a dar los nombres de los jefes de los carteles? Nos va a dar las rutas? Las Farc nos van a dar sus socios? Van a utilizar el dinero del narcotráfico para recompensar a las víctimas?”, se preguntó.

El anuncio de un acuerdo de justicia transicional para el final del conflicto armado entre las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos trajo optimismo generalizado este miércoles a los colombianos. Pero con el fin de la efervescencia, muchos recordaron el cese al fuego pactado con las Autodefensas Unidas de Colombia, refrendado por la Ley 975 de 2005, conocida como “ley de Justicia y Paz”.

Una de las primeras preguntas que surgen de este acuerdo es si se repetirán las situaciones que llevaron a una paz criticada con las AUC por su falta de verdad y de reparación. Por esto, una comparación entre el comunicado conjunto de las Farc y el Gobierno este miércoles en La Habana y lo pactado en Justicia y Paz plantea una pregunta: ¿se aprendieron las lecciones para dar fin efectivo al conflicto armado más antiguo de América?

Tribunales especiales para la paz. Las Farc aceptaron ser juzgadas por una Jurisdicción Especial para la Paz, con Salas de Justicia encargadas de investigaciones y un Tribunal para la Paz. Estas serán integradas por magistrados colombianos con una participación extranjera; y juzgarán a todos los participantes del conflicto, incluidos militares.

Los miembros de las AUC fueron juzgados por tribunales superiores designados por la Corte Suprema de Justicia, pero que fundamentalmente hacían parte del sistema judicial colombiano. Las investigaciones, a su vez, fueron llevadas por una Unidad Especial de Justicia y Paz, parte de la Fiscalía.

Derecho a la verdad. Una de las diferencias más importantes deriva en la determinación de los hechos: mientras los miembros de las AUC contaron con la posibilidad de dar declaraciones libres sin que afectara sus condenas, quienes se acojan al acuerdo firmado este miércoles deberán realizar una confesión adecuada para poder apelar a beneficios como la reclusión reducida. Las declaraciones se contrastarán con investigaciones de la Fiscalía y denuncias de ONG u organizaciones de víctimas para demostrar su validez.

Reparación de las víctimas. El anuncio en La Habana indica que se deberá hacer una reparación a las víctimas temprana y plena. Esta es una de las mayores críticas que tuvo la Ley de Justicia y Paz, que proponía un mecanismo de reparación conciliado entre víctimas y victimarios. Este componente no se aplicó en casi ninguna situación.

Delitos políticos. En La Habana las Farc expresaron su interés en que se presente “la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”, lo que ha ocasionado críticas por una posible interpretación que involucre entre estos al narcotráfico. Sí se aclaró que quedarán por fuera crímenes de lesa humanidad. Las AUC no contaron con esta amnistía.

Tiempos de condena. La Ley de Justicia y Paz aseguró una pena de entre 5 y 8 años para quienes se sometieran al proceso. El acuerdo con las Farc da el mismo beneficio, pero atado a la verdad y reparación previas: en caso de haber una reparación y verdad tardía o insuficiente, la pena podría aumentar hasta los 20 años.

Dejación de armas. La entrega de los beneficios legales en este acuerdo está supeditada a que las Farc dejen las armas un máximo de 60 días después de la firma definitiva del acuerdo de paz. De acuerdo con la agenda entregada ayer, la fecha máxima de entrega sería el 22 de mayo de 2016. Las AUC se sometieron a un proceso similar, pero lleno de errores, como lo demostró la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana que provocó la huida del país del Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

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Algunos puntos difundidos en La Habana este miércoles no han quedado claros, como suele suceder en negociaciones tan complejas como las de un acuerdo de paz. Los anuncios hechos parecen indicar que los negociadores aprendieron de la desmovilización de las AUC, tratando de asegurar que esta vez no se repitan los errores y que las víctimas de una guerra que lleva más de 50 años puedan recibir la verdad y la reparación por las que tanto han pedido.

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