Restitución de tierras ha defraudado a víctimas: Amnistía Internacional

Según el organismo, el proceso no ha cumplido con las expectativas y que es demasiado lento.

Por Publimetro / Colprensa
Respuesta del Gobierno
Restitución

La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, criticó el informe de Amnistía Internacional y señaló, en un comunicado, que “Colombia es el único país en el mundo que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado” y que no esperó a que se acabara el conflicto para empezar a hacerlo.  

De acuerdo con las cifras oficiales, en dos años se han devuelto más de 84.516 hectáreas a más de 11.401 personas, esto en comparación del proceso de Justicia y Paz en donde se han dado 22 restituciones en 9 años o con el proceso de extinción de dominio que ha devuelto 700 predios.  

La Unidad reportó que en manos de jueces hay 300 mil hectáreas para sentencia y que las familias restituidas a nivel nacional han recibido ayudas para proyectos productivos por más de 25 mil millones de pesos.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, calificó esos resultados de “contundentes” y afirmó que “ya somos ejemplo internacional en administración de justicia para el campo”.

El proceso de restitución de tierras en el país no está cumpliendo con la promesa del Gobierno Nacional de devolver a las víctimas del conflicto las tierras que les fueron arrebatadas en ocasión del conflicto. Así lo indicó Amnistía Internacional.

En un duro informe denominado ‘Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia’, Amnistía Internacional hace serías críticas al Gobierno Nacional por estimar que el proceso no solo es demasiado lento sino que ha defraudado a las víctimas, pues las pocas a quienes se les ha restituido la tierra, no ha podido regresar y habitarlas debido a amenazas.

De acuerdo con el informe, desde el 2012 solo se han devuelto 30 mil hectáreas a campesinos y 50 mil en territorio indígena, cuando el universo es unas ocho millones de hectáreas que, se calcula, se han adquirido de manera ilegal.

“Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, señaló Marcelo Pollack, investigador para Colombia de Amnistía Internacional.

De acuerdo con Pollack, “no basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio”.

La organización internacional aseguró que la promulgación de la Ley es un buen paso, pero que es necesario que se ejecute un plan de acción gubernamental para que el proceso sea efectivo, más si se tiene en cuenta que la norma está pensada a 10 años.

De acuerdo con el reporte, las víctimas y los funcionarios que participan en el proceso están expuestos a sufrir graves amenazas, violencia “e incluso la muerte, a manos principalmente de grupos paramilitares”.

El informe asegura que la Fiscalía General está investigando (a corte de agosto de 2014) al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso.

“¿Cómo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y amenazaron y mataron a sus amigos y familiares podrían estar esperándolo? Si el gobierno no aborda la violencia grave y generalizada contra quienes intentan regresar a casa y sus acompañantes, todas sus políticas y leyes no serán más que meros gestos vacíos”, insistió Pollack.

Amnistía Internacional además denunció que poderosas empresas nacionales e internacional estarían utilizando el conflicto para consolidar sus intereses y la adquisición de grandes extensiones de tierras.

De acuerdo con Pollack, el proceso de “restitución no ha impedido hasta ahora que poderosos intereses económicos nacionales o internacionales se beneficien de inversiones en tierras adquiridas por medio de abusos contra los derechos humanos y obtengan ganancias del botín de guerra”.

Amnistía Internacional cuestionó además el hecho que la Ley de Víctimas no contemple hechos de despojo ocurridos antes de 1991 lo que, en su criterio, es una forma de crear una “jerarquía de víctimas” en el país.

Los hallazgos:

– La mayoría de los casos de restitución de tierras resueltos corresponden a familias que ya habían retornado a sus tierras y buscaban la formalización de su propiedad de la tierra, más que la restitución en sí.

– Aun así, las amenazas de violencia y la preocupación por cómo podrán los retornados mantenerse económicamente “disuaden a muchas personas de regresar a sus hogares”.

– “La Ley 1448 ha creado una jerarquía de víctimas en la que el derecho a la reparación depende de la fecha en que se cometieron los abusos. Ninguna de las personas cuyas tierras les fueron arrebatadas antes de 1991 tiene derecho a optar a la restitución”.

– “La cuenta atrás ha comenzado. La vigencia de la Ley 1448 es de tan sólo 10 años. De ellos, ya han transcurrido casi tres”.

– Hay impunidad. “La mayoría de los sospechosos de ser penalmente responsables de desplazamientos forzados y abusos contra los derechos humanos relacionados con ellos han eludido la acción de la justicia. Esta impunidad ha alentado nuevos desplazamientos forzados”.

– Se han presentados pocos casos que hayan abordado la ocupación de la tierra por parte de grandes empresas nacionales o internacionales.

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