Además del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, a quien se le ratificó la condena de 35 años por la desaparición de cinco personas durante la retoma del Palacio de Justicia, varios altos mandos militares están en líos con la justicia por los hechos desencadenados en el Holocausto.
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El caso más sonado es el del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, cuyo proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, pero no es el único.
Estos son los cinco altos mandos militares en líos judiciales por la retoma del Palacio:
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Coronel (r) Alfonso Plazas Vega
El oficial, que para la época era comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, es investigado por la desaparición del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, su empleada Cristina Guarín e Irma Franco, guerrillera del M- 19. En junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión, pero su proceso, en la actualidad, se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia. En una de las indagatorias, Plazas Vega admitió tener dudas sobre lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985: «Después de todas las diligencias que he atendido, he cambiado mi concepto sobre los procedimientos de la Fuerza Pública en aquella ocasión», reconoció.
Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano
Ex comandante de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército que participó en la retoma del Palacio. Fue destituido el 28 de septiembre de 1990 por su participación en la desaparición de la guerrillera Irma Franco. El 30 de octubre de 2008 se le concedió la libertad, junto al oficial Óscar William Vásquez y a tres suboficiales del Ejército, quienes en ese momento estaban detenidos a la espera de ser juzgados. En 2009 se reanudó y aún se está a la espera de una decisión de fondo.
Mayor (r) Óscar William Vásquez
Vásquez fue detenido en febrero de 2007, pero, por vencimiento de términos recobró su libertad ocho meses después. Era el hombre de confianza del coronel (r) Sánchez Rubiano durante la época de los hechos y habría llevado a los hoy desaparecidos del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, último lugar en el que fueron vistos con vida.
General (r) de la Policía Gustavo Socha Salamanca
Vinculado a la investigación por el caso de la Toma del Palacio de Justicia por su presunta responsabilidad en la inhumación de diez cadáveres en una fosa común, casi un mes después de la operación. La vinculación se produjo debido a que los familiares de Cristina Guarín, una de las desaparecidas durante el Holocausto, señalaron que tenían documentos expedidos en el Tribunal Superior de Cundinamarca en 1993, en los cuales, el Sargento de la Policía Aarón Alarcón Sepúlveda dijo haber recibido supuestamente órdenes de Socha para la inhumación de los cuerpos.
General (r) Iván Ramírez
Fue llamado a juicio en julio de 2007 por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada. De acuerdo con la Fiscalía “se probó en estas diligencias que rehenes liberados fueron sometidos a un procedimiento especial que implicó su segregación del grueso de personas, primero mediante su desplazamiento al segundo piso de La Casona y después ordenando su conducción al batallón Charry Solano y a otras dependencias militares y de policía”.
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