Presidenciables: a oír llamado por la salud

Preocupación. Un movimiento ciudadano advierte la crisis actual y pide que se construya un nuevo modelo

Por PUBLIMETRO

La Mesa Nacional por el Derecho a la Salud –movimiento ciudadano en contra de la reforma de salud que busca un nuevo modelo en Colombia– les escribió una carta abierta a los dos candidatos a la Presidencia de la República: Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

El documento tiene por objeto manifestar, una vez más, la preocupación en torno a la posibilidad de que el modelo de la Ley 100, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe, siga marcando las pautas de la salud en Colombia.

“Nadie puede negar la profunda crisis de la salud en Colombia”, advierte la carta. Y continúa: “Dentro de las pocas intervenciones que realizaron sobre este tema Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, encontramos con profunda preocupación que los dos coinciden en que el modelo de la Ley 100 es el adecuado para el país, en que las EPS y su intermediación financiera es necesaria en el sistema de salud, en que el Estado debe desprenderse cada vez más de su obligación de garantizar el acceso de las personas a este derecho fundamental”, dice el documento.

El organismo pide que se construya un nuevo modelo porque, “está claro que este no da más”.

Carta abierta sobre la crisis de la salud a los candidatos para la segunda vuelta presidencial
 
Bogotá, mayo 27 de 2014.
Nadie puede negar la profunda crisis de la salud en Colombia. Ciudadanos y ciudadanas padecemos a diario la crueldad de un sistema que antepone el negocio de las EPS al derecho fundamental a la salud; un sistema que hace demagogia con la supuesta cobertura pero que no garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud; un sistema que para garantizar las ganancias de los intermediarios financieros ha quebrado y liquidado cientos de hospitales públicos y privados, y ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores del sector.
 
Como si esto fuera poco, el Gobierno Nacional ha insistido desde el año pasado en aprobar una reforma al sistema de salud que, como lo ha demostrado hasta la saciedad la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud (MNDS) y muchas organizaciones más, lo único que busca es profundizar el modelo de la Ley 100 y apuntalar el macabro negocio que se ha montado a costa de la vida de los colombianos.
 
Resulta lamentable que en la primera vuelta de la contienda electoral el asunto estructural de la salud fuera tratado con tanta ligereza en todos los debates y por la mayoría de los candidatos.
 
Dentro de las pocas intervenciones que realizaron sobre este tema Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, hoy candidatos a segunda vuelta, encontramos con profunda preocupación que los dos coinciden en que el modelo de la Ley 100 es el adecuado para el país, en que las EPS y su intermediación financiera es necesaria en el sistema de salud, en que el Estado debe desprenderse cada vez más de su obligación de garantizar el acceso de las personas a este derecho fundamental y que se debe mantener el negocio de lasalud para el capital financiero y adaptarlo para la consolidación de las trasnacionales de la salud.
 
La sociedad colombiana tiene claro que este modelo no da más, porque es contrario a las necesidades de la población y al interés nacional. Por eso, desde la MNDS hemos insistido en una afirmación que recoge a todo el país: NI LEY 100, NI REFORMA, SINO UN NUEVO SISTEMA. Y ante la situación política que hoy vive el país esta afirmación es más acertada, pues no olvidamos quien fue el ponente de la Ley 100 y quien el ponente de la reforma.
 
Así las cosas, la MNDS hace un llamado a los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta a que asuman con seriedad la profunda crisis de la salud en Colombia y los instamos a que secomprometan públicamente a hundir la reforma que actualmente se tramita en el Congreso de la República.

Y que, una vez retirada ésta, se abra un espacio conjunto para la construcción de un NUEVO SISTEMA DE SALUD, sin intermediación financiera, sin integración vertical, donde las EPS hayan pagado todas las deudas que tienen con clínicas y hospitales, con una red pública fortalecida, que garantice los derechos laborales, la participación ciudadana y el derecho fundamental a la salud, entendido, más allá de la atención de las enfermedades, como la construcción social de vida saludable para todos en una sociedad con soberanía, democracia y en paz.

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