Pesos pesados: nuevo cara a cara entre Fiscal y Procurador

Por PUBLIMETRO

Sorpresa y extrañeza produjo este martes la revelación del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, en el sentido que está de acuerdo con que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar en política.  

Lo dijo ante la Corte Constitucional al pedirle que tumbe parcialmente un artículo del Marco Jurídico para la Paz que expresamente dice que responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática no pueden participar en política. Esto -dijo el Fiscal- restringe la posibilidad de que excombatientes exintegrantes de la guerrilla para participar en política, lo que, dicho sea de paso, causó una nueva polémica con quien se ha convertido en su antitesis en el tema de la paz, el procurador Alejandro Ordóñez.

Precisamente, en la jornada, citada en la Corte, el Fiscal se pronunció minutos después de que Ordóñez pidiera la inconstitucionalidad del mismo artículo, pues en su criterio esto viola los derechos de las víctimas.

Luego, el Fiscal hizo una declaración ante los medios de comunicación señalando claramente que está de acuerdo con que exguerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad puedan participar en política.  

“Mi propuesta es que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad, pierda de por vida sus derechos políticos”, apuntó.

Ante esto, Ordóñez insistió en que el hecho de que participen en política “equivale a decir que no fueron criminales sino personas altruistas…, que la lucha se justifica. Por eso lo dije, estamos ante una ‘constitucionalización’ de todas las formas de lucha”.  

“Viola el derecho a la justicia porque toma una concepción meramente restaurativa cuando lo que se exige son penas proporcionales. A delitos severos, penas severas, no trabajo social, señor Fiscal. Eso es lo que se exige a estudiantes de colegio”, agregó Ordóñez.

Así las cosas, de nuevo, el Marco Jurídico para la paz, herramienta con la que se busca un modelo que permita juzgar a los exguerrilleros con plenas garantías, tanto para ellos como para sus víctimas, para que puedan dar el paso y participar en política una vez finalice el proceso de paz, vuelve a enfrentar a dos pesos pesados del país que, como han mostrado en diversas ocasiones, suelen no estar de acuerdo.

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