Se miran desconcertados. De un lado del escritorio está la Subteniente de la Policía de Infancia y Adolescencia Laura Lara, y del otro está el investigador de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Sexuales de la Sijín, John Edinson Ríos.
Ya conocen la noticia. La administradora del prostíbulo de la Calle 10 con Carrera 39, donde la semana anterior encontraron a una menor de 16 años ejerciendo la prostitución, quedó en libertad.
Estaba sindicada, entre otros asuntos, de proxenetismo. Es decir que podría haber pagado una pena de entre 14 y 25 años de cárcel.
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“Sé que mi compañero Hidrobo, el investigador que manejó el caso, hizo un muy buen informe. Lo leí. Estaba muy bien justificado jurídicamente. Pero ya el resto es un manejo de la justicia. El fiscal ni siquiera solicitó medida de aseguramiento contra la administradora del establecimiento. Para él, no representaba un peligro para la sociedad”, dice Ríos y se encoge de hombros.
La menor que estaba en el prostíbulo les dijo a los agentes que vendía su cuerpo porque necesitaba dinero. Con 16 años, comentó, “es muy difícil que te den trabajo”. Ahora está bajo la protección del Icbf. Las principales víctimas de los delitos sexuales en la ciudad son precisamente menores de estrato uno y dos, aunque también sucede en los altos, niñas que se promocionan en redes sociales.
La subteniente Lara interviene. Según sus investigaciones, en Cali no existen bandas o grupos criminales organizados que se dediquen a la explotación sexual comercial de menores, los induzcan a la prostitución. En la mayoría de los casos, los victimarios son los propios padres de las menores. Buscan a cambio un rédito económico.
Ríos cuenta enseguida uno de los últimos casos que resolvió. El primero de noviembre de 2009, una patrulla recogió a dos niñas que permanecían en la calle. En el Icbf denunciaron que su mamá las tocaba y que además las obligaba a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. La mujer huyó. Tres años después, sin embargo, el 9 de julio de 2012 exactamente, fue capturada en el barrio Alfonso Bonilla Aragón.
Una patrulla le pidió sus documentos en un operativo de rutina y en sus antecedentes figuraba la orden de captura. Ahora está en la cárcel aunque aún no ha recibido la condena definitiva.
En el historial de abusadores atrapados por Ríos y la Unidad de Trata y Tráfico de Personas también figura un hombre con circular roja de la Interpol.
El tipo abordó a una niña que vendía dulces en la calle. Le prometió que si le conseguía dos menores más le daría $20.000. La niña lo hizo. El abusador recogió a las niñas en el barrio Calima, al norte, y escondió a dos de ellas en el baúl de su carro. A la otra menor la acostó atrás, sobre los tapetes del asiento. Así pudo entrar a un motel de habitaciones con garaje.
En el cuarto puso una película pornográfica, les pidió a las niñas que repitieran todo lo que veían. También los gritos. El administrador del motel se alertó. Aquel escándalo de voces infantiles no podía ser normal. Llamó a la policía. Capturaron al abusador. Era 2004.
Sin embargo, aunque el proceso seguía, quedó bajo libertad condicional. El hombre sabía que iba a ser condenado. Huyó a Honduras. Fue cuando se le expidió la circular roja. Ríos lo capturó hace unos meses en el aeropuerto, entrando a Cali. Ahora está en la cárcel de Jamundí.
La subteniente Lara explica sin embargo que no son frecuentes los casos descubiertos en los que se induce a la prostitución a un niño, se le explote sexual y comercialmente. De hecho en las estadísticas de la Policía apenas se registran dos casos de explotación sexual comercial en los últimos dos años.
Eso no significa, sin embargo, que no esté ocurriendo el delito, advierte Ríos, sino que no se denuncia o si se hace, el denunciante se retracta porque no está dispuesto a ir a un estrado judicial a señalar al victimario. La investigación se estanca, muchas veces se cierra sin que el culpable vaya tras las rejas.
Edward Hernández, Personero Delegado de Menores y Familia de la Personería, lo dice: como sociedad, Cali tiene la responsabilidad de denunciar los delitos sexuales contra los niños como una forma de reducir, frenar, prevenir, los abusos contra los menores. Según sus datos, en los últimos cinco años 3100 niños fueron víctimas de algún tipo de delito sexual en la ciudad y solo en lo que va de 2013 se registran 91 capturados, la mayoría por haber tenido una relación sexual con un menor de 14 años y por acceso carnal abusivo.
A julio de este año se contabilizaban además 38 niños víctimas de acoso sexual, pornografía, trata de personas, explotación sexual comercial y en los últimos cinco años apenas se han recibido 59 denuncias por explotación sexual comercial e inducción a la prostitución.
Edward Hernández, como el investigador John Edinson Ríos, coinciden sin embargo en que en realidad los casos deben ser muchos más que aquellos.
Hace apenas un mes la Policía ecuatoriana encontró a dos menores de Palmira que estaban siendo explotadas sexualmente en ese país. Ahora están bajo la protección del Icbf. El riesgo de caer es latente y los peligros están en toda la ciudad.
Silvana Uribe, defensora de Familia del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual del Distrito de Aguablanca, asegura que aunque los delitos sexuales contra los menores ocurren en toda Cali, las comunas 13, 15 y 16, justamente en el Distrito y en los límites con Navarro, es donde existe una mayor recurrencia de delitos sexuales.
Explicar las razones no es sencillo. Son múltiples. La precaria situación económica y social es una de ellas, pero también la descomposición familiar. María del Pilar Peña Siabato, psicóloga del Icbf, dice que muchas de las niñas que han caído en la prostitución también han sido víctimas de maltrato, abuso sexual.
Algunas huyen de casa para escapar de la violencia, amigas prostitutas las ingresan al negocio y huir de las autoridades se les hace sencillo: aparentan ser adultas por sus trajes y maquillaje, utilizan documentos falsos.
Ríos y la Subteniente Lara lo reconocen. En los operativos que realizan en los prostíbulos para certificar que no haya menores de edad no cuentan con la tecnología ni los recursos para determinar que una cédula corresponda a quien la porta. Allá afuera puede haber decenas de menores con cara de adultas prostituidas, poniendo el pellejo en riesgo, y pocos lo notan. Denunciarlo es una manera de conjurarlo, una responsabilidad como ciudadanos, suya y mía, dice la psicóloga Peña Siabato.
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