Quizá nunca antes las empanadas habían sido tan famosas y mencionadas en Colombia como sucede desde el jueves de la semana pasada. La historia de un joven al que varios policías sancionaron por comprar una empanada en un puesto ambulante de Bogotá puso las ventas callejeras en el centro de la polémica.
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El protagonista del incidente recibió una orden de comparendo que lo obligaba a pagar $883.000 por incumplir el numeral 6 del artículo 140 del Código Nacional de Policía: “Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”.
Días después, un vendedor informal de fritos en Bogotá recibió otro comparendo por incumplir el numeral 4 del mismo artículo: “Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes”. Desde que varios medios de comunicación han replicado las historias, casos similares han salido a la luz en distintas ciudades.
En Cali, la situación tiene otras aristas. De acuerdo con el intendente Luis Araque, asesor jurídico de la Policía Metropolitana, entre el 2018 y lo que va de 2019 se han puesto 120 órdenes de comparendo relacionadas con el numeral 4 y 22 por lo que dicta el numeral 6. Sin embargo, los motivos son distintos a los que han generado malestar en el país.
“No le hemos realizado ninguna orden de comparendo a un ciudadano por comprarle a un vendedor ambulante. La ocupación del espacio público no involucra solo a vendedores informales, pues el mayor número de comparendos ha sido para particulares o negocios legales que sacan sus elementos y ocupan los andenes”, explicó el intendente Araque.
La Gran Encuesta Integrada de Hogares que realiza el Dane reveló que, durante el último trimestre de 2018, el 45,1% de la población ocupada de Cali tenía un empleo informal. De este porcentaje, la mayoría se dedicaba al comercio. Según la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, en la capital vallecaucana hay entre 10 mil y 12 mil vendedores informales.
“Esta alcaldía ha considerado la necesidad que tiene la gente de acceso al trabajo y de generar ingresos dignos para sus familias. Sobre tales políticas hemos intervenido el espacio público para darle un orden. No vamos a desalojar a la fuerza a los vendedores informales ni, mucho menos, a quitarles la mercancía”, dijo el líder de la dependencia, Darío Daza.
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El funcionario agregó que todas las comunas de Cali tienen vendedores informales que ocupan el espacio público, pero que solo en la comuna 3, que corresponde al centro, se contabilizaron unos 2500. Por su parte, la comuna con la menor cantidad de estos trabajadores es la 22, ubicada en el sur de la ciudad.
Hablan los vendedores
Esta semana, un grupo de vendedores ambulantes y estacionarios se reunió con el alcalde y algunos concejales con el objetivo de hablar sobre la construcción de la política para la regulación y organización del espacio público que se viene adelantando desde finales de 2017. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades, los vendedores informales en Cali se sienten protegidos.
“Cali les lleva ‘años luz’ a las demás ciudades principales en lo que tiene que ver con los vendedores informales en el espacio público. Tenemos la política pública que ya está culminando la primera etapa de caracterización. La segunda es la organización de los vendedores en espacios adecuados. Vamos a transformar la ciudad y seremos ejemplo en el país”, dijo el presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Cali (Sintraviecali), Jimmy Núñez.
A los esfuerzos de la administración municipal y de las agremiaciones de vendedores informales se sobreponen, sin embargo, quejas de ciudadanos que día a día sufren los efectos de la ocupación incontrolada de andenes y calles.
Un recorrido por la galería Santa Elena, que es una de las zonas con mayor ocupación del espacio público, permitió comprobar que la mayoría de vendedores informales utilizan gran parte del andén, dejan menos de un metro para los peatones y arrojan los residuos de sus productos a las calles. Así, el espacio público también se ocupa con basura.
Otros riesgos
Una vez descartada la posibilidad de multas en Cali, surgen otros riesgos sobre la compra de alimentos callejeros que no comprometen el bolsillo sino la salud. Es común observar sitios de preparación y venta de comidas como arepas, asados, jugos y frutas en medio de un paisaje urbano con altos niveles de contaminación, cuyo consumo puede derivar en enfermedades infecciosas.
“Las comidas callejeras están expuestas a partículas que generan acumulación de bacterias. El peligro aumenta si se trata de alimentos preparados, pues requieren manipulación. Nosotros nos encargamos de enseñarles prácticas higiénicas a los vendedores, pero los ciudadanos deben observar detalles como si se ponen guantes para recibir el dinero, si el sitio está limpio y si los alimentos están almacenados de manera correcta”, puntualizó Luisa García, miembro de la Secretaría de Salud Pública.
Entre los puntos del debate generado por las multas a vendedores informales está la posibilidad formalizar sus actividades. Ante esto, expertos subrayan la diferencia entre las personas que trabajan en condiciones de informalidad porque sus empleadores omiten las obligaciones legales aun con posibilidad de cumplirlas y aquellas que trabajan en las calles para conseguir el sustento diario, las cuales no pueden considerarse empresas.
“Los vendedores callejeros son ‘emprendedores de subsistencia’, es decir, trabajan para sobrevivir. Las alternativas para modificar este escenario son promover una agenda de empleabilidad para que puedan vincularse a empresas formales o reubicarlos en espacios donde puedan llevar a cabo sus actividades”, argumentó el director de desarrollo económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, Carlos Andrés Pérez.
En efecto, el presidente de Sintraviecali confirmó que muchos de sus compañeros prefieren seguir en las calles y que estarían dispuestos a pagar algo por el uso del espacio público, “pero hay otros que quieren formar microempresas. Incluso algunos llevan 18 años esperando que los reubiquen en centros comerciales, pues así les prometieron otras alcaldías”.
Los caleños opinan:
- “En todo el mundo hay vendedores ambulantes, lo que a las autoridades les molesta es que no les paguemos por usar el espacio público. Es increíble que, en Colombia, la multa por portar un arma sea menor que la que cobran por vender en la calle”: Alberto Clavijo, vendedor estacionario de asados.
- “Multar a alguien por comprarle a un vendedor ambulante es una interpretación extrema del Código Nacional de Policía. Hay que tener un poco más de criterio y, sobre todo, sentido común a la hora de aplicar el Código en un país donde muchos ciudadanos sobreviven gracias a las ventas ambulantes”: Carlos Polanco, cliente de ventas informales.
- “En Cali no nos va a pasar nada, el alcalde dijo que nos iba a proteger. Llevo muchos años vendiendo en esta esquina y nunca me han llamado la atención. Esas multas son ilógicas”: Carmen Palacios, vendedora estacionaria de chontaduros.
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