A propósito del fallo que ordenó 10 días de detención y una multa de 10 salarios mínimos para la gobernadora del Valle del Cauca, el alcalde de Cali y otros seis funcionarios públicos por el desacato de una tutela que exigía mejorar las condiciones físicas de la cárcel de Villahermosa, la Gobernación del Valle se pronunció y dijo que ese no era un tema de su competencia.
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«Este es un problema viejo que no se ha resuelto. La competencia funcional en temas penitenciarios es el Ministerio de Justicia a través del Inpec. La tutela le ordenó a la Gobernación hacer unos estudios para definir unos temas estructurales y ya se están haciendo», dijo la directora jurídica de la Gobernación del Valle, Diana Vanegas.
Por tal motivo, el área jurídica del ente gubernamental interpuso una consulta ante el Tribunal Superior con el fin de revocar la sentencia, dictada en el 2013 cuando Dilian Francisca Toro no estaba en la administración del Valle. Dicha medida legal suspende provisionalmente los 10 días de arresto, mientras un juez se pronuncia al respecto.
Cabe recordar que la detención y la multa involucraba a cinco funcionarios además del alcalde de Cali y la gobernadora del Valle: el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director general del Inpec; Claudia Alejandra Gelvez, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec; Jorge Iván Zapata, secretario de Planeación Municipal; Alexánder Durán, secretario de Salud Municipal; y Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia, o quienes ocuparan los cargos actualmente.
«Los departamentos no tenemos competencias en temas carcelarios, lo que se nos pidió fue hacer el estudio estructural para definir si el hacinamiento tiene como consecuencia algún tema de riesgo. (…) El juez tiene 10 días hábiles para definirnos, asumo que las demás entidades demandadas están en el mismo proceso», puntualizó Venegas.
