Entre enero y abril de este año, 1737 vehículos particulares y públicos han sido inmovilizados por prestar servicio de transporte informal en Santiago de Cali. La guerra está declarada: los agentes de tránsito son estrictos con la verificación y aplican diferentes sanciones que dependen de las reincidencias.
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Sin embargo, la amplitud de la oferta parece ser la respuesta a una gran demanda. ¿Los caleños prefieren el transporte ‘pirata’ en vez del servicio que ofrecen los buses urbanos, los taxis y el MIO? ¿Cuál es el ‘plus’ de estos vehículos que operan en la ilegalidad?
La profesora Diana Rojas tiene que viajar todos los días desde el norte hasta el sur de la ciudad para cumplir con sus deberes laborales. Prefiere hacerlo en ‘pirata’, dice, porque un trayecto que le tomaría una hora en MIO se reduce a 15 minutos. Y aunque el vehículo no la deja en la puerta de su trabajo, no tiene problema con caminar otras cuadras porque aun así el tiempo sigue siendo menor.
Lo hace también la señora Carmen Martínez, empleada doméstica, pues antes debía esperar mucho tiempo el alimentador que la llevaba desde el Oeste hasta su hogar. Con el transporte informal, la espera se reduce a pocos minutos por el mismo precio.
Y lo hace el señor Carlos Henao, que no es propiamente pasajero sino conductor. Dueño de un taxi, por las mañanas prefiere prestar el servicio informal porque le deja más ganancias. En un día, dice, quien conduce un carro ‘pirata’ puede quedarse hasta con $100.000 libres.
Sucede entonces que las falencias en un servicio (tiempos de espera, comodidad y costos) las suplen otros, pero esto no los exime de las sanciones por ilegalidad. De los 1737 vehículos inmovilizados, 116 eran taxis y 77 operaban con plataformas tecnológicas. La mayoría, exactamente 1356, eran vehículos de servicio particular que ofrecían transporte colectivo. En otras palabras, los que llevan pasajeros en una sola ruta por $2000.
“Tanto los taxis como el MIO tenemos que mejorar el servicio. En la medida en que mejoremos el servicio, la piratería también se va acabando no solo desde el punto de vista represivo sino desde el punto de vista de servicio”, dijo el alcalde Maurice Armitage luego de hablar con los representantes de los taxistas.
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En cuanto a las zonas en las que abundan los vehículos de transporte ilegal, la Secretaría de Movilidad ha identificado tres y es en ellas en las que se fortalecen los operativos: la Autopista Suroriental, la Autopista Simón Bolívar y la Avenida Ciudad de Cali.
La sanción mínima para quienes sean descubiertos por primera vez prestando este servicio en un automóvil puede rondar el millón de pesos. Incluye la inmovilización del vehículo por cinco días y la suspensión de la licencia de conducción por seis meses. Si lo descubren una segunda vez, los cinco días se convierten en 15 y la licencia puede ser cancelada. Y si es tan terco y tan desafortunado que lo atrapan la tercera, el carro se va para los patios 45 días.
Por eso es que William Bermúdez, director del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad, cuenta que los patios están llenos de vehículos ‘piratas’ que han sido sorprendidos en la tercera ocasión y cuyos dueños prefieren dejarlos ahí porque el valor de la multa es mayor que el del carro.
Esta guerra también está declarada contra las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de transporte público. El pasado miércoles, por ejemplo, hubo un paro de taxistas a nivel nacional para exigirles a las administraciones municipales controles más fuertes contra Uber.
Un día antes, la empresa Cabify Colombia S.A.S. había sido sancionada con una multa de 516 millones de pesos por violar las normas de transporte especial dispuestas por el gobierno. Durante el 2016, Uber recibió dos sanciones similares a esta.
Laura Uribe, fiel usuaria de esta última plataforma, recuerda que hace poco tuvo que tomar un servicio de taxi y el conductor le cobró recargo nocturno aunque llegó a su destino a las 8:00 p.m. en punto, hora a partir de la cual se puede realizar el cobro adicional. Por este motivo tuvo que pagar $8000 en vez de los $4500 que normalmente le hubiera cobrado un vehículo de Uber.
Por lo pronto, esta lucha continúa. La administración municipal a través de la Secretaría de Movilidad seguirá ejerciendo fuertes controles contra el transporte informal. Los ‘piratas’ continuarán intentando pasar desapercibidos para evitar las multas. Y las usuarias como Laura, Carmen y Diana, todos los usuarios, seguirán eligiendo el servicio que mejor se acomode a sus necesidades.
