Las armas de fuego acabaron con la vida del 80 % de los niños asesinados en Cali este año

En Cali, en lo corrido del año, han muerto en medio de hechos violentos 140 menores de edad. La cifra, pese a ser una de las más bajas de los últimos años, es escandalosa. Para poner un ejemplo y poder dimensionar el número, un bus articulado del MÍO tiene capacidad para llevar 160 personas; 48 sentadas y 112 de pie. Estamos hablando que los niños y niñas masacrados por balas y cuchillos este año en Cali podrían llenar uno de esos buses casi que en su totalidad.

También podríamos decir que la cifra, 140, es el equivalente a los menores que estudian en tres salones de cualquier colegio público de la capital del Valle del Cauca. Haga de cuenta que el fuego cruzado entre pandillas, la intolerancia y la violencia intrafamiliar le quitaron la vida a todos ellos.

La muerte más reciente ocurrió esta semana, en hechos que todavía investigan las autoridades. La víctima se llamaba Kinary Andrea Góngora, una pequeña de seis años que dentro de su casa, en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, recibió un impacto de bala.

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El coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que pese a que en un principio se pensó que pudo haberse tratado de un homicidio selectivo, el hecho pudo ser “una acción accidental”. “Si existía un arma de fuego dentro del hogar, pudo haber alguna manipulación”, dijo.

Rubén Quiñoñes, papá adoptivo de la niña, negó la existencia del arma de fuego en la casa de Kinary Andrea. “Yo no tengo ninguna arma de fuego en la casa. Eso es lo que la gente dice, pero no tengo nada”.

Lo cierto es que, ante la muerte de la menor, la Personería de Cali conminó a las autoridades policivas y judiciales a esclarecer los hechos, a la par que hizo el llamado para que se adopte un Plan Desarme total, con el ánimo de disminuir los índices de violencia y hechos delictivos en la ciudad.

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Edward Hernández, personero delegado para Menor y Familia, manifestó que “existen muchos lugares donde hay armas de fuego y que desafortunadamente están al alcance de los niños”.

“Frente a los temores de los riesgos que existen en muchas zonas de Cali, hay personas que adquieren armas y las llevan a sus hogares, pensando que les brindan protección. Pero muchas veces los niños las encuentran y, jugando, resultan heridos o pierden la vida”, explica el funcionario.

En efecto, según cifras de la misma Personería, las armas de fuego son las culpables del 80 % de las muertes de los 140 niños y niñas que han fallecido violentamente en Cali durante lo corrido del año.

Jesús Darío González, director del Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali, aseguró que en Cali hay alrededor de 200 mil armas ilegales, que se trafican bajo el radar de las autoridades, o incluso muchas veces, con la complicidad de la Fuerza Pública.

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“Son armas que se decomisan y vuelven a salir al mercado, de manera inexplicable. Por eso es necesario un Plan Desarme integral, nada de desarmes parciales. Esta sociedad tiene como fundamento de prevención el manejo de las armas. Y hay que desmontar esto con leyes y políticas de seguridad”, dijo.

¿Cómo proteger a los niños de Cali?

Además de la propuesta del Plan Desarme, expertos en el tema de seguridad y familia aseguraron que son varios los factores en los que hay que trabajar de manera articulada para poder ‘blindar’ a los niños y niñas de Cali ante la violencia.

La psicóloga Gloria Hurtado aseguró que son necesarios procesos formativos desde los colegios y las escuelas, que integren e informen a los padres de familia o adultos responsables en la resolución de conflictos.

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“La gente no cambia ni reprimiendo, ni censurando, ni metiendo a la cárcel. Hay que trabajar en las familias, que es donde se gestan escenarios de violencia contra la mujer y los niños. Esto es un proceso a largo plazo, donde se deben enseñar valores de respeto y tolerancia”, explicó.

Para González, las muertes violentas de menores en Cali obedecen a la falta de propuestas integrales para la protección de la infancia y la promoción de la juventud. Por ello, “es necesario fomentar políticas educativas y formativas en los sectores populares. Y garantizar la continuidad de las mismas, más allá de los gobiernos que las impulsen”.

El personero delegado Hernández añadió que se deben “fortalecer medidas de seguridad y generar procesos institucionales, donde se realice inversión social en sectores vulnerables como el Distrito de Aguablanca. Hablamos de programas que le permitan a la comunidad encontrar mejores alternativas de vida, alejadas del microtráfico y el crimen”.