“Las acusaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio son falsas”. Así, con esta afirmación, Pablo Cáceres, abogado de la Asociación Nacional de Productores de Caña (Asocaña), le salió al paso a la polémica que generó en el país la multimillonaria multa que le impuso la SIC a más de doce empresas del sector azucarero por, presuntamente, incurrir en la práctica de cartelización.
Como se recordará, el pasado miércoles la SIC sancionó a Asocaña, Ciamsa, Dicsa e ingenios como Manuelita, Riopaila-Castilla, Incauca, Providencia y Mayagüez, a pagar $324 mil millones luego de comprobarse que se asociaron en un cartel para fijar los precios del azúcar y evitar importaciones desde otros países.
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Al respecto, el abogado Cáceres manifestó que “en el caso de Asocaña quedó demostrado hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron y se adjuntaron los registros de las importaciones que los industriales han hecho a lo largo de los años, desde el momento mismo del período de inicio de la investigación”.
Néstor Humberto Martínez, apoderado de varios de los ingenios azucareros, manifestó que la multa, la más elevada de su tipo impuesta en la historia de Colombia, “le hace grave daño a la industria del Valle”.
«Las multas impuestas por la Superindustria ascienden a todas las utilidades del 2014 de los ingenios, más las del 2013 y la mitad de las obtenidas en 2012”, aseguró Martínez, quien añadió que de efectuarse las sanciones se condenaría a “una pena de muerte” al sector azucarero.
Mediante un comunicado, el ingenio Riopaila-Castilla aclaró que “la empresa es respetuosa de la decisión de la Superindustria. Sin embargo, está convencida de la transparencia y legalidad de su proceder en el total respeto a la libre competencia, y por lo tanto, acudirá al recurso de reposición”.