La concejal María Fernanda Rojas informó que el pasado 25 de abril, el juez cuarto Administrativo abrió un incidente de desacato en contra del alcalde Enrique Peñalosa por las obras que se siguen realizando en los humedales de Bogotá. A partir de la notificación el alcalde tenía tres días hábiles para responder.
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Según explicó la concejal del Partido Alianza Verde, el alcalde desconoce las órdenes judiciales como las medidas cautelares que dispuso el juez cuarto Administrativo en diciembre de 2018 que ordenaba suspender de manera temporal los efectos del Decreto 565 de 2017, a través del cual Peñalosa tenía previsto realizar obras dentro de los humedales de Bogotá.
“El 12 de abril del presente año presentamos un incidente de desacato ante el juez cuarto administrativo debido a la vulneración constante de las medidas cautelares otorgadas, en el marco de la acción de nulidad contra el decreto 565”, indicó cabildante.
Por tal razón, el juez cuarto Administrativo podría imponerle al gobernante una multa de hasta 50 salarios mínimos, sin contar que su conducta sería calificada como una grave falta disciplinaria.
Según explicó Rojas, esta trascendental decisión afectaría por ejemplo entre otros, tres proyectos de valorización que pretendían adelantar en humedales: la ciclorruta del canal Molinos, el ciclo puente del canal Molinos con Autonorte en uno de los tramos (1,3 km); y la obra del corredor ambiental Canal Córdoba que cuenta con una extensión de 550metros y que tiene un costo aproximado en el tramo 1 de $14.364 millones.
¿La Alcaldía de Bogotá puede continuar ejecutando obras en los humedales?
La Secretaría Jurídica Distrital le confirmó a PUBLIMETRO que hasta el momento no existe una orden de desacato con el alcalde Enrique Peñalosa.
De acuerdo con su explicación, hasta el momento hay una petición de las ciudadanas Gladys Cifuentes y Patricia Bohórquez (quienes fueron quienes demandaron el decreto 565) al juez para que dicte una orden de desacato contra el Distrito, pues en su opinión no se está acatando la suspensión del decreto.
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De ese modo, la Secretaría resaltó que “cumpliendo los tiempos de ley para responder”,este jueves se le envió la respuesta al juez, “haciéndole llegar la información necesaria para tenga los elementos que le permitan tomar una decisión”.
“Nosotros estamos tranquilos, hemos respetado las decisiones de suspensión y no hemos desacatado la orden judicial”, aseveró la Secretaría, tras explicar que el Distrito, “respetuoso de las decisiones judiciales” acató en su momento la suspensión del decreto 565, el cual da vía libre a “obras de recreación pasiva como senderos peatonales y ciclorrutas”.
En su respuesta al juez, la Administración Distrital asegura que “las obras de recreación pasiva se permiten hacer, amparadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.
Es decir, la Alcaldía asegura que no hubo desacato, escudándose en que las obras en los humedales se pueden adelantar gracias al POT, independientemente de que el decreto 565 esté suspendido.
