Guillermo Herrera, secretario distrital de Hábitat, le contó a PUBLIMETRO a cerca de los programas más importantes que se están ejecutando desde la entidad.
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Asimismo, el jefe de la cartera explicó la dimensión del problema que representan las ocupaciones ilegales en la capital.
¿De qué se trata el programa de mejoramiento de vivienda?
Lo que ha hecho la Secretaría de Hábitat, es que se han priorizado unas áreas de objeto mejoramiento en toda la ciudad.
Nosotros hemos pedido a la Caja de Vivienda Popular, que haga un barrido en todas las áreas predeterminadas en el Plan de Desarrollo, para identificar las viviendas que pueden ser objeto de estos programas de mejoramiento de vivienda.
Es así como a partir del 20 de enero, y por un espacio de cinco meses, que vamos a estar trabajando con 391 hogares de Ciudad Bolívar y 97 en San Cristóbal, beneficiando a cerca de 1500 personas con el programa de mejoramiento de vivienda, las cuales recibirán adecuaciones (de baños, cocinas, pisos, techos, enchapes) de acuerdo con la necesidad de cada vivienda, con el propósito de mejorar las condiciones de calidad de vida.
Con Habitarte están llenando de color la ciudad, ¿de qué se trata?
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Es un programa que se enmarca dentro de una política de integración social, con mecanismos de mejoramiento de entornos, donde se realiza el embellecimiento de fachadas con pintura.
Nuestra meta para este año es intervenir cerca de 55.000 fachadas.
El año pasado hicimos 65.000, beneficiando a 84.000 personas de 66 barrios de Bogotá.
¿Qué deben hacer las personas que quieran adquirir casa propia en Bogotá?
Contamos con dos vías de acceso a la vivienda. La primera, denominada ‘Pacto por la vivienda en Bogotá’, que es un acuerdo que tenemos con el Gobierno Nacional, donde se destinó un paquete de 80.000 subsidios para la ciudad, de los cuales aún quedan 50.000.
Adicionalmente, tenemos el Programa Integral de Vivienda Efectiva (Pive), orientado específicamente para los hogares que ganan menos de dos salarios mínimos y que cumplan con algunas condiciones de vulnerabilidad, concretamente la del desplazamiento, que hayan sido víctimas del conflicto armado, allí es donde priorizamos. En la Secretaría de Hábitat podemos orientar a las personas de cuáles son las condiciones para acceder.
¿Desde la entidad cómo se está controlando la ilegalidad de las construcciones?
Bogotá ha venido presentando una tendencia de crecimiento urbano muy acelerado en los últimos años. Esos patrones no siempre estuvieron acompañados de unos procesos de planeación urbana adecuados; eso generó procesos de ocupación informales, muchas veces, agravadas por bandas criminales que se aprovechaban de la necesidad y ofrecían soluciones de vivienda que no cumplen con las condiciones legales y que por lo general lo único que hacen es crear condiciones indignas de vida, porque los hogares terminan comprando casas en zonas de riesgo, en áreas de protección ambiental o en zonas que no son aptas porque no tienen servicios públicos, ni vías de acceso.
Esta Administración le está dando la guerra a estas bandas de criminales que se aprovechan de los más pobres y ya tenemos resultados: hemos interpuesto 51 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, que nos han permitido desarticular tres bandas de ‘tierreros’, como comúnmente se les denomina; además, en este momento se ha iniciado la judicialización de 37 personas a quienes se les están imputando delitos como porte y fabricación ilegal de armas, ocupación ilegal, estafa, entre otros.
¿Cuántas ocupaciones ilegales hay en la capital?
Hemos encontrado que hay cerca de 87 hectáreas de suelo ocupado de manera informal, que equivale a 23.999 ocupaciones. No quiere decir que todas hayan sido promovidas por ‘tierreros’, porque en algunos casos las familias han llegado por su voluntad y se han asentado en algún terreno.
Estas 87 hectáreas equivalen, aproximadamente, a la extensión que tiene el Parque El Tunal o seis veces el parque Tercer Milenio.
¿En qué localidades se evidencia la presencia de estos grupos ilegales?
Estas bandas de ‘tierreros’ se han concentrado específicamente en: Kennedy Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Suba y Usme.
¿Cuáles son las recomendaciones para no caer en manos de estos estafadores?
Los ciudadanos tienen derecho a preguntar, porque ante cualquier duda entidades publicas como la Secretaría Distrital del Hábitat, las Alcaldías Locales o la unidad de Catastro, pueden darles información a cerca de la legalidad o no de los proyectos que les están ofreciendo.
Siempre un enajenador de vivienda debe contar con un permiso de ventas y con una licencia de urbanización; los hogares siempre deben requerir esos documentos.
